Caso Hugo Javier: peritos del Ministerio Público confirman irregularidades en uso de US$ 1 millón

AREGUÁ. Culminó la pericia documental y arquitectónica realizada por la Fiscalía, y al igual que al informe de la auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), se confirmarían las innumerables y groseras irregularidades en torno a la ejecución de US$ 1 millón (G. 6.382 millones) del fondo Covid-19, que la Gobernación de Central recibió del Gobierno Nacional para reactivar la economía en el XI departamento durante la pandemia. De esta manera, la hipótesis del Ministerio Público se fortalece.

Hugo Javier, exgobernador de Central, imputado y con arresto domiciliario.
Hugo Javier, exgobernador de Central, imputado y con arresto domiciliario.

Peritos de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) finalizaron la pericia documental y arquitectónica, relacionada a la supuesta mala ejecución de US$ 1 millón de la Gobernación de Central.

El informe ya fue anexado a la carpeta fiscal de la causa más conocida como “facturas clonadas”, que involucra al exgobernador de Central, el colorado Hugo Javier González Alegre (cartista), imputado y con arresto domiciliario.

Los hechos investigados por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Luis Said son lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal. Desde noviembre del año pasado fueron imputadas 15 personas, incluyendo al exgobernador Hugo Javier, además de funcionarios de la Gobernación, contratistas y miembros de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), que recibió G. 5.105 millones de la institución departamental en 2021, del fondo covid-19.

Según el fiscal Estigarribia, las pericias arquitectónica y documental estarían confirmando la hipótesis del Ministerio Público. Agregó que el informe de los peritos es similar al informe final de auditoría hecho por la Contraloría General de la República. El agente dijo además que la investigación sigue su curso dentro de los plazos establecidos.

CGR confirmó groseras irregularidades

En mayo de este año la Contraloría informó sobre el resultado de la auditoría realizada a la administración del exgobernador Hugo Javier y había confirmado la existencia de muchas facturas clonadas a nombre de CIAP, cuyo titular es Tadeo Álvarez (imputado y con arresto domiciliario), y que además fueron utilizadas en la rendición de cuentas presentada tanto por la fundación y la Gobernación para justificar el supuesto uso de G. 5.105 millones.

También quedó demostrado que los mismos comprobantes adulterados fueron usados para reemplazar otras facturas que constan en la primera rendición de cuentas hecha a la Contraloría General de la República (CGR). Los documentos reemplazados fueron recopilados para una segunda rendición que Hugo Javier presentó a Auditoría General del Poder Ejecutivo. Igualmente, se comprobó que varias facturas anuladas también aparecen en ambas rendiciones.

Al inicio de la investigación, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) también habían confirmado el reemplazo de facturas por más de G. 1.600 millones.

Asimismo, se confirmó que la Gobernación de Central transfirió a la organización no gubernamental CIAP, la suma de G. 5.105 millones y al Consejo Regional de Salud, el monto de G. 1.276 millones, mediante cheques, no así a través de transferencia bancaria, violando la Ley Nº 6672/21, que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2021. También quedó firme la sospecha de que los cheques fueron efectivizados en ventanilla del Banco Nacional de Fomento (BNF) por el tesorero y síndico de la ONG CIAP y por el tesorero del Consejo de Salud.

Quedó demostrado que CIAP, según su estatuto social, no está habilitado para realizar obras de infraestructura de ningún tipo. El objetivo de la ONG es impulsar formación profesional de las personas en diferentes disciplinas, sin embargo, desde el 2019 la Gobernación de Central transfiere millonarios fondos a favor de la misma para obras y mejoras de espacios públicos, escuelas, hospitales, asociaciones y otros lugares.

Otra irregularidad confirmada es que la Gobernación de Central presentó su rendición de cuentas a la Contraloría fuera del plazo establecido en contravención a lo estipulado en la Ley 6524/20.

La Contraloría también aseguró que varias facturas no guardan relación entre el servicio prestado y el rubro del proveedor. Tampoco se visualizan actas de recepción provisoria en la totalidad de las obras ejecutadas por CIAP, los contratos firmados entre CIAP y los distintos contratistas fueron rubricados tras el escándalo de las primeras facturas clonadas que tomaron estado público. Además, en los documentos no se estipulan los plazos de ejecución de las obras hechas, entre otros.

Las obras ya estaban

La CGR también impulsó la fiscalización de obras para complementar la auditoría y el resultado plasmado en cuatro puntos fue tajante. Se confirmó que la Gobernación de Central permitió que la fundación CIAP firme contrato y pague por la obra “construcción asfalto de acceso al Consejo Regional de Salud y Parque Sanitario, Ramal Capiatá-Areguá, un total de G. 390.860.000, la cual ya estaba concluida antes de la firma de la Ley Nº 6641/2020 y del contrato en cuestión”.

Además, “con relación a la obra construcción de empedrado de la calle Padre Pío, de la compañía Itapuamí, de la ciudad de Luque, la Gobernación de Central permitió que la fundación CIAP suscriba al acta de recepción definitiva, sin que la obra esté terminada, la cual debe ser emitida una vez que las obras hayan sido ejecutadas conforme al proyecto y se hallen en perfecto estado”.

El informe también confirmó que no se cumplió la quinta cláusula del contrato suscrito entre la Gobernación y CIAP, sobre la “Verificación del contrato de transferencia de recursos”. “La Gobernación de Central no exigió a la Fundación CIAP y esta a los contratistas, la elaboración y presentación de documentación técnica detallada y completa, generando pagos por obras sin proyecto ejecutivo por un total de G. 517.001.154, suma que podría haberse invertido en otras obras de uso público”, dice el informe.

Los fiscalizadores concluyeron que “por falta de control oportuno de la Gobernación de Central sobre las obras ejecutadas con fondos transferidos en el marco de la Ley 6641/2020, se recibieron trabajos que no reúnen las condiciones de calidad requerida, disminuyendo la vida útil de las mismas, debido al incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los documentos contractuales”.

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