El abogado Víctor Samaniego, representante legal de pobladores de Atyrá y otras comunidades de Cordillera, alertó sobre una resolución del Tribunal de Cuentas que ordena dar continuidad a la conexión de cañerías de extracción de aguas profundas en la compañía Sanja Hu del distrito de Atyrá, destinada a un emprendimiento inmobiliario con lago artificial en la ciudad de San Bernardino.
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Según explicó, la orden fue emitida por un Tribunal de Cuentas y dispone la reconexión inmediata de un tramo de la cañería, incluso con acompañamiento de la Policía Nacional, pese a que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) prohibió expresamente la extracción de agua.
Medidas contradictorias entre el MADES y el Tribunal
Samaniego señaló que existe una contradicción directa entre las decisiones de las autoridades. Por un lado, la Municipalidad y el MADES dispusieron la inhabilitación de los pozos de las empresas Petrohue Real Estate S.A. y Highland Lagoon, y ordenaron el cese de la extracción por uso indiscriminado de recursos hídricos.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas otorgó una medida cautelar a favor de la empresa promotora y ordenó restablecer la conexión de la cañería.
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El abogado recordó que el MADES emitió la Resolución 1097/2025, en la que confirma que las perforaciones no cuentan con declaración de impacto ambiental y advierte sobre un posible daño grave al acuífero que abastece a varias comunidades de Cordillera, entre ellas Atyrá, Caacupé, Tobati y zonas aledañas.
Aun así, la orden judicial autoriza completar la conexión de un sistema de aducción de casi nueve kilómetros.
Vigilia ciudadana y posible reacción social
Samaniego afirmó que la comunidad se mantiene en vigilia permanente en la zona donde se prevé ejecutar la reconexión y advirtió que la medida podría provocar una reacción ciudadana.
“La gente está expectante. No sabemos cómo va a reaccionar cuando llegue la Policía Nacional para cumplir la orden”, expresó. Recordó que los vecinos llevan más de un año de movilizaciones y reclamos ante distintas instituciones del Estado.
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El representante legal informó que los pobladores solicitaron el levantamiento de la medida cautelar y recurrieron al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para que se revise la actuación de los jueces intervinientes. También cuestionó que la orden se haya emitido pese a una recusación presentada contra los magistrados y a la vigencia de la resolución ambiental.