El fiscal interino Aldo Cantero, de la Unidad Penal N.° 2 de la Fiscalía Barrial N.° 9, solicitó el martes pasado la desestimación del proceso penal de la causa que investiga la muerte de Enrique Vicente Planas Mujica, pese a la existencia de un informe técnico que confirma la mala praxis médica.
Según los antecedentes, Planas Mujica fue sometido en 2023 a una intervención quirúrgica por una hernia hiatal, tras la cual presentó múltiples perforaciones intestinales. El paciente falleció posteriormente a causa de un shock séptico derivado de una sepsis generalizada, diagnóstico que fue confirmado mediante autopsia judicial.
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En el marco de la investigación, se conformó una Junta Médica dependiente de la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, integrada por especialistas. El dictamen determinó que durante el acto quirúrgico se produjeron lesiones vitales, contaminación abdominal y una evolución clínica hacia peritonitis, sepsis y shock séptico, lo que derivó directamente en la muerte del paciente.
El informe descartó además las hipótesis defensivas sobre patologías previas o perforaciones espontáneas, al no existir respaldo en estudios clínicos anteriores ni en los análisis histopatológicos practicados tras el fallecimiento.
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Familia reaccionó al pedido de desestimación
E fiscal Cantero presentó un requerimiento para desestimar la causa, basándose en un primer informe médico que había sido previamente impugnado por inconsistencias y contradicciones. Esta decisión fue cuestionada por la familia de la víctima, representada por el abogado Luis María Benítez, quien sostuvo que el pedido fiscal desconoce la pericia oficial más reciente.
La esposa del fallecido presentó una impugnación ante el juzgado competente y solicitó que se dé trámite de oposición para que el caso sea nuevamente revisado por la Fiscalía General del Estado.
La defensa sostiene que existen elementos suficientes para avanzar con una imputación y que la desestimación resulta improcedente en esta etapa del proceso.
Ahora, la decisión queda en manos del juzgado, que deberá resolver si hace lugar a la oposición y remite nuevamente el expediente para su revisión por instancias superiores del Ministerio Público.