La obra de desagüe pluvial del Abasto (cuenca Itay), prometida por el exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) con los bonos G8 (2022), mantiene en agonía al barrio San Pablo. Este proyecto debió finalizar en diciembre, según los planes originales.
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Sin embargo, los trabajos sobre la calle Epifanio Méndez Fleitas, como en otros sectores, siguen inconclusos, generando un perjuicio económico que es devastador.
Comerciantes de esta calle, de gran circulación antes de la obra, denuncian que se sienten “prácticamente clausurados” debido a su deplorable estado. Reportan que hace casi un año no tienen clientes y las ventas cayeron totalmente. La falta de accesos y el aislamiento económico les provocaron pérdidas irreparables para sus negocios.
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El paisaje urbano sobre Méndez Fleitas es hoy un triste reflejo del abandono municipal y la desidia de las autoridades. Son muy pocos los locales comerciales que siguen funcionando. La mayoría tienen las persianas bajas y carteles de “alquilo” o “vende” en sus fachadas. Lo mismo sucede con las viviendas. La mayoría de los propietarios puso a la venta sus casas, ante la imposibilidad de vivir con dignidad en este entorno.
El proyecto había sido adjudicado por Nenecho al Consorcio Pluvial Abasto (Covipa y Chaves Construcciones), representado legalmente, entre otros, por Óscar Antonio Rubiani. El costo total de la obra es de G. 71.393 millones, de los cuales, según consta en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), se habrían pagado G. 23.792 millones.
Trampa mortal
En un tramo de casi un kilómetro, desde su intersección con Teniente José Félix López, hasta Hipólito Sánchez Quell, Epifanio Méndez Fleitas se ha convertido en una verdadera trampa mortal para cualquier conductor que circule por esta zona crítica.
Enormes baches, pozos profundos y tierra removida sin señalización adecuada son constantes que ya provocaron varios accidentes graves. En la esquina con Jow Von Sastrow, por ejemplo, hay enormes pozos tapados con cubiertas viejas y ramas. La obra, además, destruyó las veredas de prácticamente todas las casas, a ambos lados de la calle.
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La calidad de vida de los frentistas se ha deteriorado de forma alarmante por el polvo constante que se levanta. En los días de sol, el ambiente es insoportable y cubre todos los vehículos, mientras que la lluvia lo empeora de nuevo. El barro convierte la zona en un pantano inaccesible, dejando a familias enteras atrapadas en sus propias casas.
A pesar de la nula actividad económica y el aislamiento vial, la carga impositiva municipal no perdona. Los afectados reclaman que deben seguir pagando el impuesto inmobiliario y la patente comercial de forma puntual. Tampoco han recibido reducciones en los alquileres de los locales que hoy permanecen vacíos o aislados por la obra.
Desvío y deudas
El origen del problema radica en la cuestionada gestión de los bonos G8, emitidos por Rodríguez para financiar obras de infraestructura. Durante su mandato, el exintendente empezó 4 de los 8 proyectos que prometió con ese dinero, G. 360.000 millones.
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Carlos Pereira, interventor de su gestión, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de esos fondos para el pago de salarios municipales. Al cierre de la intervención, Pereira había reportado en la cuenca del Abasto un 35% de avance.
El proyecto, al menos en ese tramo, reporta problemas desde junio de 2025, cuando la comuna aún estaba en manos de Nenecho. El 13 de ese mes, la contratista había comunicado a la Municipalidad problemas que estaban fuera de su alcance.
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En la nota, enviada a la Dirección de Obras de la comuna, se señalaba la necesidad del concurso de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) para la “readecuación de las aductoras de agua”. Pese a múltiples solicitudes vía nota y en reuniones presenciales, la estatal no respondió.
A esto se suma el retraso en los pagos por parte de la comuna, que provocó un proceso de avenimiento, por parte de la empresa, con el objetivo de la suspensión del contrato por falta de pago. Carlos Pereira, interventor de la gestión de Rodríguez, había informado de una deuda de G. 7.328 millones con la contratista, producto de la falta de pago de al menos cinco certificados hasta el mes de junio, monto que hasta septiembre del año pasado, ascendía a casi G. 15.000 millones, según fuentes de la comuna.
Tras la renuncia de Rodríguez en agosto del año pasado, la mayoría colorada eligió a Luis Bello (ANR-cartista). El exintendente tiene al menos ocho procesos judiciales contra su gestión, incluida una acusación por lesión de confianza y asociación criminal, en la causa de los “detergentes de oro”.