La desastrosa infraestructura pluvial de Asunción, cuya administración municipal está cargo del intendente Luis Bello (ANR-cartista), volvió a quedar en evidencia con las lluvias caídas durante el martes y en la tarde de este miércoles.
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La crónica situación se ve agravada por las obras de desagüe inconclusas, heredadas de la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), quien prometió 8 cuencas pluviales con los bonos G8 (2022). Su administración apenas empezó 4 de esos proyectos, no terminó ninguno y el dinero ya no existe.
El concejal Álvaro Grau (PPQ) dijo este miércoles, minutos antes de participar de la sesión de la Junta Municipal, que vivir en la capital se ha convertido literalmente en un “deporte de riesgo”. Según el edil, los proyectos prometidos con los bonos G8 en 2022 hoy son solo trampas mortales. “Los vecinos siguen corriendo el riesgo por esas zanjas abiertas, las criaturas jugando ahí al costado. Todo el tiempo es un deporte de riesgo vivir en esta ciudad”, remarcó.
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Grau reclamó que el martes, vecinos del barrio Manora que habían recibido la promesa de ser beneficiados por el desagüe pluvial de Santo Domingo, vivieron momentos de terror al ser arrastrados, junto a sus vehículos, por los raudales, junto a un conocido supermercado sobre la avenida San Martín.
El concejal responsabilizó directamente a Rodríguez por la quiebra de la Municipalidad, producto de un endeudamiento sin ejecución en obras, y atribuyó el colapso financiero al desvío de los G. 500.000 millones provenientes de los bonos. Reclamó que, mientras el dinero no aparece, los responsables aún no rinden cuentas ante la justicia.
Agravamiento de la crisis
El concejal Grau consideró alarmante, a su vez, que la administración de Bello siga sin pagar cuotas de intereses vencidos a los bonistas, quienes recientemente volvieron a comunicar un nuevo incumplimiento de la comuna al Banco Central del Paraguay. Calificó de grave que, pese a las “recaudaciones récord” de las que alardea la actual administración, los intereses por mora sigan acumulándose, afectando directamente al bolsillo de los contribuyentes.
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Grau denunció además que la desidia administrativa, que representa un peligro vital para los ciudadanos, no se limita sólo a los desagües pluviales inconclusos. Recordó que con los bonos G7 (2021), de G. 200.000 millones, Nenecho había prometido obras como la revitalización del mirador de Itá Pytá Punta, por G. 6.000 millones y la remodelación de la Estación de Buses de Asunción (EBA), por G. 18.000 millones.
En el caso de la EBA, por ejemplo, el destino del dinero fue modificado para la supuesta reparación de calles, contrato adjudicado a Construcciones y Viviendas Paraguayas (Covipa) y Constructora Feldmann SA, por G. 9.000 millones a cada una. Según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), ninguno de los dos contratos fue ejecutado a más de un año y medio de su firma.
Exigen respuestas de Intendencia
En la sesión ordinaria de la Junta Municipal, el concejal Humberto Blasco (PLRA) logró que se convoque para el próximo miércoles a los directores de Obras, Mirtha Acha; de Administración, Hugo Martínez; y de Asuntos Jurídicos, Jorge Sabaté. El objetivo es que estas autoridades brinden detalles acerca del motivo del retraso de las obras iniciadas.
“Ayer (martes) la lluvia duró apenas 20 minutos, pero causó estragos en Asunción. La naturaleza nos está dando varias oportunidades, pero si nosotros seguimos haciendo caso omiso eso puede derivar en una indeseable tragedia, de la que vamos a ser todos responsables”, criticó.
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Blasco se centró principalmente en la obra de General Santos y San Antonio, cuya palada inicial se dio el 20 de marzo de 2025 y cuyo avance no pasó del recapado de algunas calles alternativas. A pedido del concejal Javier Pintos (ANR-independiente), se incluyó en la convocatoria las obras de San Pablo, Abasto y Santo Domingo, también inconclusas.
Además de Blasco, la concejala Rosanna Rolón (ANR-ind) advirtió también sobre la peligrosidad extrema en las zonas de obras inconclusas, donde es casi imposible circular sin poner en riesgo la integridad física de las personas.
Denuncia penal
Los pobladores de Santo Domingo y Manora confirmaron que, a más tardar el jueves, presentarán una denuncia penal por el delito de exposición al peligro, contra los responsables de la inconclusa obra de desagüe pluvial que hoy arriesga sus vidas. El abogado Diego Lansac calificó la situación como una “trampa mortal” y remarcó que los vecinos temen que ocurra una tragedia similar a la recientemente registrada en la ciudad de San Lorenzo.
Esta medida surge tras el abandono de los trabajos que apenas alcanzaron un 20% de ejecución física. Desde el inicio de la obra, los trabajos siguen parados sobre la calle Nuestra Señora del Carmen, entre Capitán Maciel y Augusto Roa Bastos. Esta última arteria, ya se encuentra totalmente destruida e intransitable para el tránsito. La falta de avances ha convertido a estos barrios residenciales en una verdadera zona de guerra.
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Los frentistas ya habían advertido al intendente Bello de la presentación de una acción de amparo. Esta garantía buscaba exigir por vía judicial que la municipalidad finalice las obras estancadas hace casi un año. Se otorgó un plazo de 72 horas a la institución, pero la falta de respuestas concretas agotó la paciencia de los pobladores.
El deterioro ya afecta a las veredas y murallas de las casas debido a las constantes lluvias y raudales. Muchos propietarios llevan casi un año sin poder ingresar sus vehículos por culpa de las calles abiertas. El concejal Jesús Lara (ANR-disidente) se comprometió a mediar ante la intendencia tras reunirse con los denunciantes.
Nenecho adjudicó la obra de la cuenca Santo Domingo al Consorcio Pluvial Santos (Covipa y Chávez Construcciones), representado legalmente por Óscar Rubiani, por un total de G. 72.389 millones, con un adelanto de G. 14.000 millones.
Desvío e intervención
Con los bonos G8, el exintendente Rodríguez había prometido la construcción de ocho cuencas pluviales, de los cuales apenas se iniciaron cuatro - San Pablo, Abasto, Santo Domingo y General Santos- y ninguno fue concluido. A casi 4 años de la emisión, el dinero para el financiamiento de estos proyectos ya no existe, mientras los contribuyentes deberán devolver el capital e intereses al menos hasta 2035.
Carlos Pereira, interventor de la gestión de Nenecho, documentó que mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una una “cuenta única”, Rodríguez desvió G. 512.000 millones de los bonos G8, de G. 360.000 millones, que debían destinarse exclusivamente a obras, a gastos corrientes, en su mayoría salarios.
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Rodríguez renunció en agosto del año pasado, ante la inminencia de su destitución y de la presentación de un contundente informe de la intervención. Contra su administración pesan al menos 8 procesos penales, entre ellos una acusación por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”.