Las mujeres tomaron las calles de Asunción recordando el 8M Día Internacional de la Mujer Trabajadora y llegaron hasta la Plaza de la Democracia donde tuvo lugar el acto central y la lectura del Manifiesto Feminista.
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El mismo puso el foco en el clamor por las jubilaciones dignas, el cese de la violencia de género y se posicionó en contra de lo que llamaron “la entrega nacional” mediante el acuerdo SOFA que Paraguay firmó con los Estsados Unidos.
“Ante el abandono estatal y la criminalización de la protesta”, la articulación feminista exige justicia, salarios dignos y el fin de la impunidad. La movilización reafirma la solidaridad comunitaria como el pilar fundamental para defender la vida y la soberanía nacional así como una jubilación digna.
Este 8 de marzo, la Articulación Feminista del Paraguay conmemora su décima marcha conjunta bajo la consigna “Ni precarizadas ni sumisas”, consolidando un espacio de unidad política desde donde ponen el foco en reclamos para poner fin a las desigualdades. En el acto central en la Plaza de la Democracia, tras la marcha que se inició en la Plaza Uruguaya, la articulación lanzó su manifiesto.
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En el remarcan que mujeres del campo y la ciudad, desde docentes y trabajadoras sexuales hasta investigadoras y campesinas, ocuparon las calles para remarcar que son la mitad de la población que sostiene al país diariamente. “Esta movilización no es solo una protesta, sino una expresión de resistencia colectiva frente a un sistema que intenta invisibilizar sus aportes y derechos”.
En el documento, la realidad nacional se describe como “alarmante debido a un Gobierno que mercantiliza los derechos básicos”. El manifiesto denuncia un retroceso grave en políticas sociales, donde el Estado abandona su rol de garante en salud, educación y vivienda. Se señala la implementación de la “Ley Garrote” para silenciar a la sociedad civil y un “revisionismo histórico” que intenta minimizar los crímenes de la dictadura de Stroessner.
Caja Fiscal, género y brecha salarial
Uno de los ataques más directos a la seguridad social, dice el manifiesto, es la reforma de la Caja Fiscal, que afecta especialmente al magisterio nacional.
Las maestras representan cerca del 70% del sistema educativo y son quienes cargarán con el peso de mayores aportes y jubilaciones postergadas. El manifiesto critica que el Estado, en su rol de patrón, ha saqueado históricamente estos fondos y ahora pretende que las trabajadoras paguen la factura.
La desigualdad estructural se refleja también en el ámbito científico y académico, donde solo el 37% de los docentes en educación superior son mujeres. Además, se denuncia una ofensiva para prohibir el enfoque de género mediante resoluciones ministeriales, lo cual es considerado una forma de violencia institucional. La brecha salarial persiste de forma inaceptable: las mujeres ganan aproximadamente 600.000 guaraníes menos que los hombres por igual trabajo.
La precariedad laboral golpea con fuerza al sector doméstico, cuyo salario apenas alcanza el 60% del mínimo legal. Esta situación se agrava en el sector informal, que sostiene al 40% de los hogares paraguayos liderados por mujeres jefas de hogar. Estas mujeres, con un promedio de cuatro hijos a cargo, enfrentan la inflación y la falta de seguridad social sin apoyo estatal, siendo el trabajo de cuidado el motor invisible de la economía.
Violencia
En cuanto a la violencia de género, las cifras son estremecedoras: en 2025 se registraron 37 feminicidios y 37.000 denuncias de violencia familiar. En los últimos nueve años, la impunidad ha permitido que 357 vidas fueran arrebatadas por feminicidas, según datos del Ministerio Público. El manifiesto exige el fin de esta barbarie y denuncia la violencia vicaria, donde se utiliza a hijos e hijas para dañar a las madres ante la falta de protección legal.
La persecución a la libertad de protesta es otra preocupación central, ejemplificada en el caso de la luchadora social Vivian Genes. El sistema judicial es calificado como machista y patriarcal, siendo rápido para imputar a quienes exigen derechos pero lento para proteger a las víctimas. Las organizaciones rechazan que la cárcel sea la respuesta estatal a la lucha social y defienden el derecho constitucional a manifestarse.
Acuerdo SOFA
El manifiesto repudia enérgicamente “la militarización del territorio y la entrega de recursos estratégicos a corporaciones extranjeras”. Se exige la desmilitarización de la región oriental y el cierre de bases extranjeras bajo el acuerdo SOFA, que otorga inmunidad a militares estadounidenses.
Ante este escenario de abandono, las mujeres reafirman que “la solidaridad comunitaria es lo que realmente sostiene la vida en los barrios. Cuando el Estado falta, surgen las ollas populares, las polladas y el acompañamiento vecinal para enfrentar el hambre y la enfermedad”. El movimiento feminista sostiene que no hay justicia posible en un sistema atravesado por el crimen organizado y la corrupción que busca mujeres sumisas y calladas.
Finalmente, el manifiesto es un llamado urgente a la unidad política para defender la soberanía y la dignidad humana. Se exige la ratificación del Convenio 190 de la OIT y el cese de desalojos campesinos, reivindicando que nuestros cuerpos y territorios no son campos de batalla. La marcha del 8M se posiciona así como un punto de resistencia por un futuro donde la vida se jerarquiza por sobre el capital.