El puesto de salud fue evacuado hace dos años por peligro de derrumbe y actualmente la atención se realiza en una vivienda alquilada, mientras las autoridades sanitarias no brindan respuestas. El local había sido construido e inaugurado durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, bajo la gestión del entonces ministro Julio Mazzoleni.
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Salud sostenida a pulmón
El servicio de salud funciona de lunes a viernes, de 7:00 a 15:00, con un equipo reducido encabezado por el médico Joaquín Acosta, quien además cumple el rol de chofer de ambulancia. El profesional traslada a pacientes en casos de urgencia hasta hospitales del departamento de Concepción, realiza visitas domiciliarias y sostiene el sistema sanitario local con escasos recursos.
El equipo se completa con tres licenciadas y un encargado de farmacia, pero no se realizan partos, no hay atención los fines de semana ni servicio odontológico, lo que limita gravemente la cobertura médica.
Robos y precariedad extrema
La situación se agravó recientemente con el hurto de ocho aires acondicionados y cuatro ventiladores del puesto de salud abandonado, evidenciando el estado de vulnerabilidad de las instalaciones.
Para sostener el alquiler del local —que asciende a G. 600.000 mensuales— y el pago de internet (G. 200.000), los trabajadores de salud y pobladores realizan colectas solidarias, ferias de comidas e incluso el propio médico cubre parte de los gastos con su salario.
Aislamiento y falta de asistencia
La comunidad cuenta con unos 3.000 habitantes, incluyendo dos comunidades indígenas, y se encuentra a unos 150 km de San Pedro de Ycuamandyyú y a 55 km de Concepción, por lo que en casos de emergencia recurren con mayor frecuencia a este último departamento.
Los pobladores deben trasladarse largas distancias para gestiones básicas y provisión de medicamentos, mientras las calles se encuentran en pésimo estado, dificultando aún más el acceso y la asistencia.
Educación en crisis y reclamos sin respuesta
El abandono también se refleja en el ámbito educativo, con una escuela que se cae a pedazos y un colegio en condiciones precarias, en una comunidad donde la mayoría de los habitantes vive de la pesca o trabaja en estancias cercanas.
A pesar de los constantes reclamos, la población y el personal de salud denuncian que no reciben respuestas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y aseguran sentirse olvidados por las autoridades.
Mientras tanto, desde esta lejana comunidad ribereña, siguen “haciendo patria” con esfuerzo propio, sosteniendo servicios básicos en condiciones extremas y a la espera de una solución que no llega.