El 24 de marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió sin goce de sueldo a las funcionarias Silvia Sugasti (actuaria) y Gessica Caballero, en el marco de un sumario abierto tras la difusión de un video en el que una mujer discute con las funcionarias, ante la negativa de estas de tomarle una denuncia de violencia.
De hecho, en gran parte del video se escucha a la víctima insistir una y otra vez a las funcionarias para que le tomen la denuncia.
Finalmente, exasperada ante la reiterada negativa de la actuaria de acercarse al balcón para atenderla y el maltrato recibido, la denunciante introdujo su celular en la parte interna de la Oficina de Atención a Víctimas de Violencia y con esta acción pudo filmar a la actuaria sentada en un sillón, descalza y relajada, mientras Gessica le aplicaba un producto en el pelo.
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Solo un juez puede decidir si da o no trámite a denuncia
Consultamos sobre lo ocurrido a la presidenta del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Central, la Dra. María Teresa González de Daniel, actual integrante del Tribunal de Apelación de Central, quien aclaró que las funcionarias están obligadas a tomar todas las denuncias que se presenten.
“En estos casos, las funcionarias no tienen facultad para rechazar la recepción de una denuncia. Están obligadas a recibirla y dar curso conforme al procedimiento. La valoración sobre las medidas o el trámite a seguir corresponde al juez de paz de turno. Asimismo, debe resguardarse estrictamente la confidencialidad de los datos, especialmente tratándose de casos de violencia”, afirmó la Dra. González.
La magistrada aclaró que en el caso en cuestión, tras la difusión del video, se interiorizó del caso, y al constatar que efectivamente las funcionarias no tomaron la denuncia, realizó las gestiones necesarias para que la jueza de turno recibiera personalmente la denuncia.
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Finalmente, la víctima fue oída por la jueza de paz de turno Ana María Flores Ferrari (de Guarambaré) quien dispuso medidas de protección.
Lo ocurrido en San Lorenzo “es grave e inadmisible”
“Lo ocurrido es grave e inadmisible; no se puede tolerar este tipo de trato por parte de funcionarios públicos hacia usuarios del sistema de justicia. Por eso estamos acompañando las medidas adoptadas, fortaleciendo los controles y colaborando con la auditoría en curso”, expresó González.
La magistrada recordó que la Oficina de Atención Permanente a Víctimas de Violencia de Central, con sede en el Palacio de Justicia de San Lorenzo, fue creada justamente por los elevados números de casos de violencia doméstica en el departamento Central. La misma cuenta con 12 funcionarios, de los cuales cinco son actuarios.
La Dra. González explicó que además de lo ya resuelto por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Central dispuso cambios en la estructura de personal y solicitó al superintendente (el ministro Eugenio Jiménez Rolón) la designación de un juez de paz coordinador y una auditoría de gestión, que ya está en curso.