La denuncia penal formalizada por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) ante la Fiscalía de París contra la senadora Celeste Amarilla (PLRA), por supuestos insultos racistas hacia Kylian Mbappé, activó un complejo escenario jurídico internacional.
En conversación con ABC, el abogado Sebastián Echagüe, doctor en Derecho y máster en Derecho Penal, analizó los alcances técnicos del caso y reveló que la extradición de la congresista es una posibilidad legal abierta, respaldada por los términos de un convenio vigente entre ambas naciones.
El tratado de 1997
El doctor Echagüe explicó que, si bien la ley penal se rige ordinariamente por el principio de territorialidad, según el cual la legislación y jurisdicción de un Estado solo son aplicables dentro de sus propias fronteras geográficas, el código francés posee una excepción: puede perseguir y condenar delitos cometidos en cualquier parte del mundo si la víctima es de nacionalidad francesa.
Al evaluar si Francia puede requerir a la senadora para que responda ante sus tribunales, el especialista explicó un detalle técnico del Convenio de Extradición vigente entre Paraguay y Francia desde 1997.
“Por el artículo segundo de la convención se exige el principio de equivalencia (igual hecho punible) y una pena mínima de dos años. Sin embargo, el artículo tercero establece una excepción: cuando se imputa una pluralidad de hechos y alguno de ellos no reúne los requisitos mínimos, queda a facultad del Estado requerido, en este caso, Paraguay, otorgar la extradición”, detalló Echagüe.
Actualmente, la justicia francesa investiga a Amarilla por injuria pública e incitación pública al odio o a la violencia. Dado que en Paraguay la injuria no contempla pena de cárcel, el artículo tercero del tratado internacional funciona como una vía legal para “saltar” ese bache normativo.
“Como en Paraguay no hay pena carcelaria prevista para la injuria, por este artículo 3 de la Convención de Extradición se podría saltar el requisito del artículo 2, que exige una pena mínima de dos años. Digo bien, se podría. Esto debe interpretarse con un poco de argumentos, pero, más menos, la puerta está abierta”, ilustró el profesional.
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Agravante por el cargo público
El marco penal inicial previsto en Francia para los discursos de odio en redes sociales es de un año de prisión y una multa de 45.000 euros (unos G. 313 millones). Sin embargo, la situación procesal de Celeste Amarilla podría complicarse severamente debido a su investidura. Echagüe advirtió que el Código Penal francés tipifica un agravante directo para estos casos:
- Pena estándar: 1 año de cárcel y 45.000 euros de multa
- Pena agravada (mandato público): si quien injuria públicamente con contenido racial es una persona investida de un mandato público o una misión de carácter público, la expectativa de pena se eleva a tres años de cárcel y 75.000 euros de multa (aproximadamente G. 522 millones)
“Quedará por definir en el debate si la parlamentaria vertió estos dichos en redes sociales desde su cuenta privada o si lo hizo en el ejercicio de su cargo”, apuntó Echagüe.
Juicio en rebeldía
Respecto al desarrollo del proceso, el profesional aclaró que el sistema procesal penal francés es semiinquisitivo, caracterizado por un estricto secreto de sumario en su etapa inicial.
La justicia de ese país tiene la potestad de convocar a Amarilla de forma presencial o telemática, e incluso puede juzgarla y condenarla en rebeldía si decide no presentarse. “Como los hechos están sucediendo de manera pública, difícilmente las partes puedan alegar que no se enteraron para pedir una nulidad”, argumentó.
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Las salidas alternativas al conflicto
Debido a que el caso adquirió un fuerte peso mediático con la intervención de altas figuras públicas de ambos países, la presión política será un factor clave. No obstante, el especialista recordó que el ordenamiento francés posee flexibilidad para delitos con expectativas de pena moderadas.
“El Ministerio Público francés tiene un margen de actuación muy importante. Al ser un caso que tomó estado público, el peso es mayor, pero jurídicamente existen alternativas para evitar la prisión”, concluyó Echagüe, citando opciones como un pedido de disculpas público, el cumplimiento de obligaciones específicas o un acuerdo económico transaccional antes de llegar a la sentencia formal.
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