El 12 de abril pasado, el Sindicato de Asistentes Fiscales del Ministerio Público del Paraguay (SIASFIMIPP) denunció, en un comunicado difundido por redes sociales, que el Estado sigue inobservando la modificación del artículo 60 de la Ley N° 1.562/2000 Orgánica del Ministerio Público, que establece que los funcionarios de esta categoría deben percibir el 60% del salario del agente fiscal.
Hasta el viernes 8 de mayo, según denunciaron nuevamente, la situación no varió y si bien no hay nada oficial aún, el gremio está en alerta máxima y no descarta asumir medidas de fuerza en los próximos días, en caso de que no se apruebe pronto el proyecto de ampliación presupuestaria planteado en la Cámara de Diputados.
En la semana pasada, los asistentes fiscales realizaron una masiva pegatina de carteles alusivos a los reclamos mencionados en las distintas sedes judiciales de la capital e interior del país y la posibilidad de iniciar una huelga está en boca de todos.
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En tal sentido, cabe resaltar que el 6 de mayo, el diputado colorado por capital, José Rodríguez, presentó un proyecto de ley para ampliar el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2026, en G. 17.050.067.048 exclusivamente para el Ministerio Público y hacer efectivos los ajustes salariales a los asistentes fiscales.
El legislador había señalado que no se trataba de un nuevo gasto, sino de corregir una omisión que se cometió al momento de elaborar el presupuesto correspondiente al año 2026.
El descontento del gremio de asistentes fiscales tiene origen en una deuda de al menos G. 16.000 millones, que debieron pagare como efecto del ajuste por ley en el 2025. Actualmente, los asistentes fiscales perciben una remuneración de G. 7.025.477 mensuales, sin los incrementos previstos por la ley.
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El descontento se incrementó luego de que en el Senado se aprobara recientemente la ampliación presupuestaria, pero para agentes fiscales y fiscales adjuntos, no así para los asistentes fiscales.
Paciencia al límite, advirtieron asistentes fiscales
El escrito que había sido difundido por el Sindicato de Asistentes Fiscales, señalaba que son 1.780 asistentes fiscales de todo el país a quienes se les debe un total de G. 16.000 millones.
“Este incumplimiento no solo configura una violación directa a derechos laborales ya adquiridos, sino que constituye un agravio institucional hacia los funcionarios”, decía el comunicado.
En otro párrafo del escrito, el Sindicato de Asistentes Fiscales del Ministerio Público del Paraguay, subrayó que “resulta intolerable que, mientras se anuncian reajustes salariales en otros sectores, los asistentes fiscales sigan siendo relegados, soportando años de estancamiento salarial, precariedad en los insumos de trabajo y una progresiva desvalorización de su función”.
“Alerta máxima” en la Fiscalía
Ante esta situación es que advierte el sindicato que “la paciencia del sector ha llegado a su límite” y por lo tanto “exigimos al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía el cumplimiento inmediato de la ley y el pago urgente de la totalidad de la deuda pendiente, sin más excusas ni postergaciones”.
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Es así que, desde ese 12 de abril, el gremio ya advirtió que de no revertirse la situación, “los 1.780 Asistentes Fiscales de todo el país deberán permanecer en estado de alerta máxima, ante cualquier convocatoria a asamblea extraordinaria, en la cual se definirán los medidas gremiales, administrativas y legales a adoptar para hacer efectiva la normativa”.