La Contraloría General de la República ha validado la evolución patrimonial del presidente Santiago Peña, desestimando las denuncias sobre un incremento injustificado. Sin embargo, el dictamen ha sido recibido con profundo escepticismo por parte de los legisladores denunciantes.
Para el doctor Felino Amarilla, la forma en que se manejó el proceso es, cuando menos, cuestionable. No ocultó su extrañeza al observar cómo se procesaron los datos.
“Eso es muy llamativo, porque la Contraloría debería haber analizado directamente los documentos presentados por el presidente de la República. Él tiene una declaración jurada en el 2017, otra en el 2023 y otra en el 2025. Es decir, él tiene una serie de documentos presentados, todos ellos bajo la fe de juramento”, apuntó, sugiriendo que el ente contralor pudo haber actuado en complicidad con el Ejecutivo.
Uno de los puntos que mayor incertidumbre genera es la construcción de una lujosa residencia en San Bernardino, valorada en más de un millón de dólares. Amarilla plantea dudas sobre la titularidad del bien y la capacidad de pago del mandatario.
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“¿Cómo el Presidente Santiago Peña obtiene un crédito de 600 mil dólares del Banco Ueno para construir una residencia lujosa en San Bernardino, en un terreno que no es suyo?“, se preguntó.
Seguido añadió: “Hay escritura pública que dice que el Presidente de la República es propietario de esa finca, pero esa finca aparece en el informe a nombre de un señor Ruiz Díaz y de una señora esposa de Ruiz Díaz”.
Deudas con proveedores del Estado
Más allá de la propiedad, la estructura financiera del Presidente pone en evidencia una serie de relaciones con empresas que proveen servicios al Estado paraguayo.
Sobre esto, Amarilla es tajante al señalar lo que él denomina un riesgo sistémico. “A mi criterio, el Presidente de la República está en una colusión con proveedores del Estado que se benefician de las decisiones políticas tomadas por él”.
“Él es deudor de Ueno Bank y Ueno Bank es deudor del Estado paraguayo con los fondos del IPS. El Presidente le debe a la constructora Gómez Abente y Gómez Abente es contratista del Estado. Entonces no es un problema ético, es un problema de qué está pasando acá”, recordó.
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¿Crecimiento legítimo o enigma financiero?
El informe presentado por los opositores compara los inicios de Peña en la función pública con su llegada a la presidencia. Mientras que en 2017 su patrimonio neto era de 1.007 millones de guaraníes, en agosto de 2023 la cifra ascendió a 23.000 millones.
Para Amarilla, el Presidente tiene la obligación de demostrar que este crecimiento, que incluye la revalorización de acciones de la Serie K de Credicentro S.A., es sostenible en el tiempo.
“El Presidente Santi Peña tiene que pagarle a Ueno Bank 300 mil dólares. Hay que hacer el flujo de caja del Presidente Santi Peña porque es una obligación de él explicar cómo va a pagar. Porque si él no tiene forma de pagar, estamos ante la posibilidad de un soborno encubierto”, concluyó el doctor Amarilla.