Los recursos de apelación general interpuestos por el exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre y el exdirector de Administración y Finanzas Javier Marcelo Rojas Giménez, en contra del auto de elevación a juicio oral y público de la causa por el presunto desvío de G. 18.384.427.005, fueron rechazados por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Segunda Sala.
Puntualmente los camaristas Arnulfo Arias, Camilo Torres y Paublino Escobar rechazaron la apelación promovida por la defensa de Hugo Javier González, en contra del Auto Interlocutorio N° 349 del 12 de setiembre de 2024, dictado por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos; y declararon inadmisible el recurso que presentó Rojas Giménez en contra de la remisión de la causa a la siguiente etapa del proceso.
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La acusación fiscal, tanto en contra de Hugo Javier González Alegre como contra Javier Marcelo Rojas Giménez fue por lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y apropiación. Sin embargo, el juzgado de Garantías elevó la causa solo por tres tipos penales, alegando que no se dan los presupuestos para la asociación criminal, por lo que excluyó dicho hecho punible.
Por otro lado, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que preside la jueza Ana Rodríguez Brozón programó el inicio del juicio oral para el miércoles 3 de febrero de 2027, a las 8:00.
Acusación por desvío de G. 18.300 millones en Central
La acusación presentada en setiembre de 2023 por el fiscal anticorrupción Silvio Corbeta puntualiza que entre marzo de 2019 y diciembre de 2020, la Gobernación de Central desembolsó la suma de G. 24.424.032.733, en concepto de aportes en favor de entidades privadas sin fines de lucro, supuestamente para solventar los gastos de 51 proyectos presentados a la institución departamental.
Sin embargo, a través de estos desembolsos se causó un perjuicio patrimonial a la Gobernación de Central que asciende a la suma de G. 18.384.427.005. Es decir, solo están justificados gastos por poco más de G. 6.000 millones, de acuerdo a la hipótesis plasmada por el Ministerio Público en la acusación.
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El requerimiento fiscal agrega que se montó un “esquema delictivo” para el desvío ilícito de fondos de la Gobernación, que contó con la participación activa de los representantes y autoridades de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional; Asociación Plantemos Conciencia; el Consejo Regional de Salud del Departamento Central; Centro Nacional de Organizaciones Populares; y Asociación Eco Desarrollo para la Promoción del Desarrollo Sostenible con Energías Renovables, ya que a través de los mismos fueron realizados los desembolsos.
Además, la acusación fiscal resalta que Hugo Javier González, en carácter de gobernador de Central, emitió las órdenes de pago y los cheques por medio de los cuales fueron desembolsados los recursos, causando el millonario daño a la institución, teniendo en cuenta que lo hizo pese a todas las irregularidades y el incumplimiento de los requisitos documentales.
Irregularidades señaladas por Fiscalía
Los proyectos para los cuales fueron desembolsados los fondos no contenían el “plan de acción” a ser ejecutado, es decir, que no fueron especificadas las acciones a ser realizadas, así como tampoco se brindaron detalles de los bienes y servicios que serían adquiridos.
Los planes no tenían un presupuesto debidamente elaborado, con la descripción de los precios unitarios y totales, a fin de analizar la razonabilidad de los recursos a ser desembolsados. Tampoco fueron identificados los lugares en los que deberían ser ejecutadas las actividades.
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Los proyectos que contemplaban construcciones no especificaban qué tipos de obras se realizarían, tampoco el lugar de ejecución, no tenían planos de ubicación, especificaciones técnicas, ni el precio de cada una de ellas, pese a ello, la Gobernación realizó los desembolsos.
Oenegés no rindieron cuentas a la CGR
La fiscalía resalta en la acusación que luego de las transferencias, las organizaciones que recibieron las millonarias sumas de dinero no presentaron las copias de rendiciones de cuentas visadas por la Contraloría General de la República (CGR).
Las entidades beneficiadas no presentaron a la administración departamental el certificado original y vigente de una cuenta bancaria, cuenta corriente o caja de ahorro, pero igual recibieron los cheques de forma directa que luego fueron efectivizados.
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De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público los fines y objetivos de varios proyectos no guardaban relación con los fines u objetivos de las entidades beneficiadas, según lo plasmado en la acusación en los autos de elevación a juicio oral.
Otros acusados por millonario desvío
En octubre de 2023 el Juzgado de Garantías ordenó la apertura a juicio oral y público contra Carlos Alberto Giménez Insfrán, Luis Eduardo Allende Araújo, Edgar José Zaracho Quintana, José Manuel López Duarte, Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, Paulino de los Santos Palacios Recalde, Hugo Javier Cabrera Guerrero, Mónica Liliana Benítez Cáceres, Israel Espínola Ferreira y Luis María Galarza Ovelar.
En fecha 27 de setiembre de 2024 se ordenó la apertura a juicio oral para los acusados Gloria María Barrios Martínez, Blas Vicente Oddone Céspedes, Fernando José Brítez Sánchez, Juan Vicente Caballero Villalba y Esteban Álvarez Quevedo.
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La acusación presentada en contra de los mismos, por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca, es por supuesta lesión de confianza, apropiación, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Hugo Javier, condenado a 10 años de cárcel
Este es el segundo juicio por corrupción que afronta el exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre, quien en el primer juzgamiento, que finalizó el 4 de enero de 2025, fue condenado a 10 años de cárcel por lesión de confianza grave y uso de facturas falsas y clonadas, en el caso conocido como “obras fantasmas”, que en plena pandemia causaron un perjuicio de G. 5.105 millones a la Gobernación.
El fallo dictado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por las juezas Karina Cáceres (presidenta), Yolanda Morel y Ana Rodríguez Brozón fue ratificado en segunda instancia en marzo de este año, por el Tribunal de Sentencia Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala.
En esta causa también fueron condenados a 10 años de prisión el exasesor y exdirector de Gabinete Miguel Ángel Robles Ibarra, sindicado como el “cerebro del esquema delictivo”; y a 2 años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena al exdirector de Administración y Finanzas Javier Marcelo Rojas Giménez; la exsecretaria del gobernador Lourdes Lezcano Decoud; al extesorero Luis Eduardo Allende Araujo y la exsecretaria de Administración y Finanzas Modesta Valiente Escobar.
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Luego de dictarse la sentencia condenatoria, Hugo Javier González y Miguel Ángel Robles fueron enviados a prisión, pero tras compurgar la pena mínima de 6 meses ambos recuperaron su libertad y hasta que el fallo no quede firme, seguirán con medidas alternativas a la prisión.