El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta contestó la última chicana planteada por la defensa del senador cartista Erico Galeano, ratificando que no existe ningún impedimento legal para continuar con el proceso por supuesta asociación criminal y lavado de dinero, en el caso A Ultranza. La resolución del caso queda ahora a cargo del juez Osmar Legal.
El fiscal Silvio Corbeta reaccionó ante la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de lanzar una “investigación preliminar” sobre su desempeño en la causa del supuesto desfalco de más de G. 18.000 millones en la Gobernación de Central, en la que fue procesado el ex gobernador colorado cartista Hugo Javier González.
Según el fiscal Silvio Corbeta, el pedido de prisión preventiva para el diputado Erico Galeano -imputado por presunto lavado de dinero y asociación criminal- es “fundamental” para evitar que toda la investigación en torno al colorado pueda llegar a ser “frustrada”. Asimismo, el agente resaltó que hay “varias líneas investigativas” en el caso del ahora senador electo.
El Ministerio Público allanó e incautó varias documentaciones y otras evidencias en la Facultad de Arquitectura (Fada) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) por sospechas de contratos directos irregulares para obras en la institución y pagos a funcionarios fantasmas. Los principales directivos serían imputados por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y otros hechos punibles.
La audiencia indagatoria del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio ante el fiscal interino Silvio Corbeta, que estaba prevista para las 9:00 de hoy, se suspendió a pedido de la defensa del procesado por supuesto cohecho pasivo agravado (coima). El extitular de la Senad alega que la diligencia no puede llevarse a cabo porque está pendiente un recurso que presentó en contra de la admisión de la imputación fiscal.
El fiscal Silvio Corbeta fue asignado hoy por la fiscalía general como responsable de la investigación a Arnaldo Giuzzio, hasta que se resuelva la recusación presentada por el procesado., contra los agentes que le imputado por cohecho pasivo agravado (coima).