Hugo Portillo se presentó este viernes ante las agentes fiscales Marlene González y Laura Giacummo, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, en el marco de la denuncia que presentó como víctima de la “campaña sucia”, presuntamente orquestada por el Gobierno de Santiago Peña.
Portillo sostiene que su convocatoria como testigo no corresponde, al considerarse víctima de la presunta campaña de desprestigio dirigida contra voces críticas al Gobierno.
Durante su comparecencia, entregó a la Fiscalía una investigación propia sobre la denominada “Red Desinformante” y solicitó una serie de diligencias urgentes para identificar a los responsables del esquema.
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Pedido de informes a Meta, Google y operadoras telefónicas
La defensa de Portillo solicitó que el Ministerio Público libere oficios a Meta y Google. El objetivo es acceder a datos de identidad, direcciones IP, registros de acceso y medios de pago de diversas cuentas y páginas, incluyendo aquellas vinculadas a la Presidencia de la República, al presidente Santiago Peña y a la firma Digimarketing SAS.
Adicionalmente, el periodista pidió informes a las empresas de telecomunicaciones del país. El requerimiento busca identificar a los titulares de líneas telefónicas presuntamente relacionadas con el esquema de ataques, solicitando específicamente registros de llamadas y datos precisos de geolocalización.
Solicitud de allanamientos y levantamiento de secreto tributario
La presentación judicial incluye el pedido de levantamiento del secreto tributario de firmas como Azafrán SA, Coeficiente SRL, Biedermann Publicidad y Comunik. Portillo también exige informes detallados sobre contratos de pauta estatal y registros de acceso a dependencias gubernamentales.
En cuanto a medidas de fuerza, se solicitó formalmente el allanamiento de las oficinas de Comunik. La finalidad es la incautación de equipos informáticos para la realización de peritajes técnicos forenses que permitan desentrañar el funcionamiento de la red.
Defensa cuestiona lentitud del Ministerio Público
La abogada Cecilia Pérez, representante legal de Portillo, cuestionó la actuación de la Fiscalía. Según indicó, la demora en el avance de la investigación ha permitido la eliminación de pruebas digitales y la desaparición de cuentas clave en redes sociales, lo que dificulta el esclarecimiento de los hechos.
Pérez señaló que la defensa ya aportó información técnica detallada sobre la estructura de los perfiles involucrados. Además, instó a la Fiscalía a realizar exhortos internacionales para localizar a personas extranjeras presuntamente vinculadas al caso y a seguir el rastro del dinero utilizado para financiar las publicaciones pagadas.
Denuncian tercerización de fondos públicos para desinformación
La abogada de Portillo afirmó que la estructura operaría a través de convenios entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y entidades como Itaipú y Yacyretá.
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Explicó que el mecanismo consistiría en la tercerización de servicios para canalizar recursos públicos, evitando así los controles de organismos competentes y el acceso ciudadano a la información.
“Hay hay que seguir el camino del dinero y ver cuáles son las agencias que están involucradas con todo el esquema del Mitic porque vemos claramente que hay convenios con las binacionales, con Itaipú y con Yacyretá, y hay otros organismos que intervinieron en esta tercerización”, expresó.
Pérez sostuvo que la Fiscalía posee todas las herramientas legales para intervenir de manera inmediata el Mitic. Argumentó que el Ministerio Público no debería esperar la entrega voluntaria de documentación por parte de las instituciones investigadas, dado el alto riesgo de destrucción de evidencias.