La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Penal, dejó firme esta semana la apertura a juicio oral de la causa que afronta el exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre, junto a funcionarios de la institución departamental y representantes de organizaciones no gubernamentales, por el presunto desvío de G. 18.384.427.005, entre 2019 y 2020.
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El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que preside la jueza Ana Rodríguez Brozón programó el inicio del juicio oral para el miércoles 3 de febrero de 2027, a las 8:00.
Será el segundo juicio oral que afrontará el ex animador de fiestas, conocido como el “número 2”, ya que el 4 de enero de 2025 finalizó el primer juzgamiento, con su condena a 10 años de cárcel por el desvío de G. 5.100 millones de los fondos de emergencia. El fallo fue ratificado en marco de este año por un Tribunal de Apelaciones, pero su defensa recurrió a la máxima instancia judicial, y, mientras se resuelva el recurso, Hugo Javier seguirá en libertad.
La acusación presentada por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta Dinamarca, en contra del exgobernador Hugo Javier González Alegre, fue por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y apropiación.
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Sin embargo, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia resolvió elevar la causa solo por tres tipos penales, con el argumento que, en el presente caso, no se dan los presupuestos para el tipo penal de asociación criminal, por lo que excluyó dicho hecho punible.
Acusación contra Hugo Javier por desvío de G. 18.300 millones
El Ministerio Público sostiene que los acusados habrían formado parte de un esquema delictivo que se montó para el desvío de fondos de la Gobernación de Central, a través de erogaciones irregulares realizadas mediante 51 resoluciones firmadas por el entonces gobernador Hugo Javier González Alegre.
Las transferencias para la presunta ejecución de los 51 proyectos fueron a favor del Consejo Regional de Salud del departamento Central, el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), la Asociación Plantemos Conciencia, el Centro Nacional de Organizaciones Populares (CENOP) y la Asociación Ecodesarrollo.
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De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, los desembolsos autorizados entre marzo del año 2019 y diciembre de 2020 fueron hechas indebidamente, ya que no se habría cumplido los requisitos establecidos en las normas.
De los G. 24.424.032.733 transferidos, la Fiscalía asegura en la acusación que el daño patrimonial causado a la Gobernación de Central asciende al monto total de G. 18.384.427.005. Es decir, las ONG solo ejecutaron proyectos por poco más de G. 6.000 millones.
MP detectó rosario de irregularidades
La acusación del Ministerio Público (MP) puntualiza que Hugo Javier González, en carácter de gobernador de Central, emitió las órdenes de pago y los cheques por medio de los cuales fueron desembolsados los recursos, causando el millonario daño a la institución, teniendo en cuenta que lo hizo pese a todas las irregularidades y el incumplimiento de los requisitos documentales.
Los proyectos para los cuales fueron desembolsados los fondos no contenían el “plan de acción” a ser ejecutado, es decir, que no fueron especificadas las acciones a ser realizadas, así como tampoco se brindaron detalles de los bienes y servicios que serían adquiridos.
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De acuerdo con la teoría acusatoria, luego de las transferencias, las organizaciones que recibieron las millonarias sumas de dinero no presentaron las copias de rendiciones de cuentas visadas por la Contraloría General de la República (CGR).
Las entidades beneficiadas no presentaron a la administración departamental el certificado original y vigente de una cuenta bancaria, cuenta corriente o caja de ahorro, pero igual recibieron los cheques de forma directa que luego fueron efectivizados.
Otros acusados junto al “número 2”
En octubre de 2023 el Juzgado de Garantías ordenó la apertura a juicio oral y público contra Carlos Alberto Giménez Insfrán, Luis Eduardo Allende Araújo, Edgar José Zaracho Quintana, José Manuel López Duarte, Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, Paulino de los Santos Palacios Recalde, Hugo Javier Cabrera Guerrero, Mónica Liliana Benítez Cáceres, Israel Espínola Ferreira y Luis María Galarza Ovelar.
Finalmente, el 27 de setiembre de 2024 se ordenó la apertura a juicio oral para los acusados Gloria María Barrios Martínez, Blas Vicente Oddone Céspedes, Fernando José Brítez Sánchez, Juan Vicente Caballero Villalba y Esteban Álvarez Quevedo.
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La acusación presentada en contra de los mismos, por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca, es por supuesta lesión de confianza, apropiación, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Condena a 10 años de cárcel para Hugo Javier
El ex gobernador de Central Hugo Javier González Alegre, en el juicio oral que finalizó el 4 de enero de 2025, fue condenado a 10 años de cárcel por lesión de confianza grave y uso de facturas falsas y clonadas, en el caso conocido como “obras fantasmas”, que en plena pandemia causaron un perjuicio de G. 5.105 millones a la Gobernación.
El fallo dictado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por las juezas Karina Cáceres (presidenta), Yolanda Morel y Ana Rodríguez Brozón fue ratificado en segunda instancia en marzo de este año, por el Tribunal de Sentencia Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala.
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En esta causa también fueron condenados a 10 años de prisión el exasesor y exdirector de Gabinete Miguel Ángel Robles Ibarra, sindicado como el “cerebro del esquema delictivo”; y a 2 años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena al exdirector de Administración y Finanzas Javier Marcelo Rojas Giménez; la exsecretaria del gobernador Lourdes Lezcano Decoud; al extesorero Luis Eduardo Allende Araújo y la exsecretaria de Administración y Finanzas Modesta Valiente Escobar.
Luego de dictarse la sentencia condenatoria, Hugo Javier González y Miguel Ángel Robles fueron enviados a prisión, pero tras compurgar la pena mínima de 6 meses ambos recuperaron su libertad y hasta que el fallo no quede firme, seguirán con medidas alternativas a la prisión.