Se trata de Mikhail Lobanov, quien ya había sido imputado el año pasado por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y soborno agravado, pero los fiscales Alejandro Cardozo y Luis Said formularon nueva imputación contra el mismo ahora, también por uso de documento público de contenido falso. Esto en el marco de la causa por supuesta venta de cédulas desde el Departamento de Identificaciones.
Los agentes del Ministerio Público solicitaron al juez penal de garantías, que aplique la medida de prisión preventiva, que ya viene cumpliendo el extranjero desde octubre del 2025, cuando fue detenido frente al Hotel Sheraton de la capital.
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Por otra parte, los agentes investigadores solicitaron un plazo de 4 meses para concluir con la investigación penal.
Los datos refieren que Lobanov había ingresado a Paraguay el 15 de octubre de 2025, desde Rumania, a través del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Luque, según datos de la Dirección de Migraciones. En dicha oportunidad el mismo tenía en su poder un pasaporte rumano falso, según averiguaciones de la Fiscalía.
Ruso utilizó pasaporte supuestamente falso
Los datos señalan que, tras la detención de Mikhail Lobanov, el Departamento de Interpol de la Policía comunicó a la Fiscalía que, recibió informe de su par de Interpol Bucarest (Rumania), mediante el cual se puso a conocimiento de que el pasaporte se le habría expedido el 12 de diciembre de 2023, con vigencia hasta el 3 de agosto de 2031.
Para la Fiscalía, lo acontecido abarcaría conductas penalmente relevantes sobre la prueba documental y las sospechas surgidas de las mismas.
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Al respecto, se informó a la Interpol de Paraguay que las huellas dactilares de Lobanov fueron remitidas al Instituto Nacional Forense para su verificación, además de que el hombre habría presentado una solicitud para la obtención de la nacionalidad rumana a través de la Embajada de Rumania en Ucrania, el 20 de julio de 2018, la cual fue denegada.
Posteriormente, se comunicó que las huellas dactilares de Mikhail Lobanov no estaban registradas en el sistema de dicha autoridad, circunstancias que permiten inferir de manera razonable que el mismo no posee nacionalidad rumana, según la imputación del Ministerio Público.
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Al contar con dichos datos, para la Fiscalía Mikhail Lobanov no sería ciudadano rumano, pese a lo cual habría accedido al pasaporte rumano, lo que hace presumir la utilización de un documento público extranjero cuya legitimidad o veracidad es cuestionada. Como consecuencia de ello, también la Embajada de Estados Unidos, informó que Lobanov fue titular de una visa estadounidense para turismo y negocios, la cual después le fue revocada.
Policías fueron procesados por supuesta venta de cédulas
El 24 de octubre de 2025, el juez de Garantías Osmar Legal, interino de Humberto Otazú, dictó la prisión preventiva de 10 de los 11 policías presuntamente implicados en una red de emisión irregular de cédulas de identidad desde el Departamento de Identificaciones.
Los mismos fueron imputados por los fiscales Pamela Pérez, Alejandro Cardozo y Luis Said por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal.
Se trata de los policías Josefina Inocencia González de Moreno (51), con el grado de suboficial superior; Blanca Teresa Mendoza Rojas (51), Daniel Cabrera Piris (43) y Liz Isabel Cáceres Martínez (41), con el grado de suboficial mayor; Kerling Eleana López Pereira (38) y Lourdes María Ortiz Jara (38), con el grado de suboficial inspector.
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Legal también decretó la prisión preventiva de Gustavo Adolfo Rodríguez Arévalos (31) y Jorge Matías Santacruz Brítez (26), con el grado de suboficial primero; y Héctor Javier Pico Merlo (28), con el grado de suboficial ayudante, y Luz Marina González Ledesma (47), funcionaria civil.
Por otro lado, el juez de Garantías interino dispuso el arresto domiciliario de la suboficial ayudante Gloria Beatriz Aca Peña (31), en atención a que por su condición de madre lactante dicha medida resulta razonable, proporcional y necesaria para asegurar su sometimiento al proceso, según concluyó el magistrado.