En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el comisario Luis López, jefe del departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, comentó sobre la detención de 11 agentes vinculados al departamento de Identificaciones de la Policía por la supuesta emisión irregular de cédulas paraguayas de identidad para ciudadanos extranjeros y habló de los siguientes pasos que tomará la investigación.
Ayer jueves, la Policía anunció la detención de 11 uniformados, funcionarios actuales o previos de Identificaciones, bajo la sospecha de que formaban parte de un esquema ilegal para la impresión y expedición de cédulas paraguayas de identidad para ciudadanos extranjeros a cambio de sobornos.
Bajo este supuesto esquema fueron emitidas al menos diez cédulas paraguayas para ciudadanos extranjeros, siete de los cuales nunca ingresaron a Paraguay. De los tres restantes, uno fue detenido y los otros dos ya fueron identificados.
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El comisario López señaló que los 11 policías fueron detenidos porque se comprobó que sus usuarios y contraseñas del sistema informático de Identificaciones fueron utilizados en el proceso de elaboración de las cédulas irregulares.
“Ver quiénes más están implicados”
Los 11 detenidos, imputados por los presuntos delitos de producción de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal, serán remitidos hoy al Juzgado Penal de Garantías especializado en crimen organizado a cargo del juez Osmar Legal para que realicen sus descargos.
El trabajo de los investigadores ahora se centrará en “ahondar y ver quiénes más están implicados, sean superiores de la misma unidad o personas externas a Identificaciones”, dijo el comisario López.
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Representantes legales y familiares de algunos de los detenidos especularon que estos pudieron haber actuado siguiendo órdenes de superiores.
Sobre ese punto, el comisario López dijo que “si ellos tuvieron orden de un superior, este es el momento en que tienen que decirlo”, pero enfatizó que un agente de la Policía, aún dentro de una organización no deliberante, tiene la obligación de “hacer la denuncia pertinente” en caso de recibir de un superior una orden que no esté “dentro del marco de la legalidad”.