La firma Neighpart S.A.E.C.A. (actualmente denominada NIC Paraguay S.A.E.C.A.), adjudicada para la instalación y el reacondicionamiento de quirófanos modulares en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), se pronunció ante la investigación y los cuestionamientos surgidos tras el fracaso de las obras de infraestructura quirúrgica. A través de un comunicado oficial y documentos administrativos entregados a la prensa, la proveedora aseguró que el Contrato N° 06/2020 se encuentra “vigente y en plena ejecución”.
Según el pronunciamiento de la contratista, pese a que el contrato tiene alrededor de seis años, las obras registran un avance del 55,68% en la obra principal y un 75,11% en su ampliación. Asimismo, la firma alega que cada uno de los desembolsos recibidos cuenta con el acta de recepción correspondiente, debidamente firmada por ambas partes e ingresada al portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Lea más: Video: Jorge Brítez no quiso hablar tras audiencia y abogado calificó imputación como un “show”
La versión de la empresa: “pausa temporal” por falta de sitio liberado
Respecto al cese de los trabajos en el Hospital Central, la firma rechazó que la interrupción responda a una sanción contractual o a una decisión unilateral de su parte. Señaló que se trata de una “suspensión administrativa” promovida por la actual administración del IPS debido a que el sitio de obras no se encuentra plenamente disponible.
Para sostener su posición, Neighpart adjuntó la Nota Externa N° 20/2026, emitida el pasado 10 de julio de 2026 y firmada por el director de Mantenimiento del IPS, Juan José Sánchez Orué. En dicho documento formal, el funcionario del IPS notifica a la empresa que la previsional inició las “gestiones administrativas formales para la suscripción de una adenda de suspensión de los plazos” del Contrato 06/2020, con carácter retroactivo al 15 de enero de 2026.
La nota del IPS argumenta que la suspensión se mantendrá “hasta tanto se cuente con la liberación total del sitio de obras, o bien, se determine la viabilidad técnica de un cambio de emplazamiento del proyecto”, dejando en evidencia las falencias de planificación logística y de espacio físico dentro del centro asistencial.
Lea más: IPS: perjuicio patrimonial superaría los US$ 200 millones, según Contraloría
Cruce de notas y postura de la contratista
La documentación arrimada revela un intercambio entre la previsional y la contratista durante el mes de junio y julio de 2026:
- 26 de junio de 2026 (Nota Externa N° 18/2026): la Dirección de Mantenimiento del IPS solicitó por primera vez la conformidad expresa de Neighpart para frenar los plazos del contrato hasta lograr la liberación del terreno.
- 29 de junio de 2026: la representante legal de la empresa, Sandra Yanil Caballero Ojeda, prestó conformidad formal ante la Secretaría General del IPS (Mesa de Entrada EXP-0000-2026-048597) para la firma de la adenda de suspensión.
- 10 de julio de 2026 (Nota Externa N° 20/2026): el IPS ratificó el procesamiento de la suspensión de plazos y comunicó que se analiza evaluar un nuevo emplazamiento (reubicación) de la obra.
En su comunicado, la empresa enfatiza que defenderá su labor contractual “con documentos y de frente”, asegurando que cumplió con cada una de sus obligaciones y poniendo la totalidad del legajo administrativo e itinerario de pagos a disposición de los órganos de control y la Fiscalía.
Lea más: Imputación a expresidentes del IPS: “Es un hecho histórico”
Neighpart, la “superproveedora”, en la mira
Bajo la lupa de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Fiscalía, la firma Neighpart S.A. acumula denuncias por el abandono de insumos a la intemperie y el cobro de sumas millonarias por obras que nunca se ejecutaron en el IPS, un escándalo que ahora salpica a altas autoridades de la previsional, además de otros siete funcionarios.
Una de ellas es la abogada Rosa Concepción Colmán (59), quien se desempeñaba en la Dirección de Asesoría Jurídica del IPS y posteriormente fue trasladada a Aporte Obrero Patronal.
De acuerdo con los datos de la investigación, Colmán era la funcionaria que autorizaba la firma de adendas con la firma Neighpart S.A.E.C.A., empresa investigada en la causa y señalada por diversos sectores como una “superproveedora” del IPS.
“Las imputaciones se basan en contratos originales que luego se fueron desvirtuando a través de adendas. Lo cuestionable es que se cambió el objeto principal del contrato, lo cual es completamente irregular”, precisó Pablo Morínigo, representante jurídico del IPS, en una conferencia realizada tras conocerse detalles de la investigación.
Lea más: Caso IPS: cae la primera imputada por millonario perjuicio en obras de quirófanos