9 de agosto de 2026

De los nueve imputados por presunta lesión de confianza que ocasionó un perjuicio de G. 61.000 millones al Instituto de Previsión Social (IPS), ocho de ellos ya fueron beneficiados con libertad ambulatoria. El único pendiente es el expresidente Vicente Bataglia.

Si bien la reciente imputación que se dio a conocer contra los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS) Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otras siete personas, investiga un presunto perjuicio patrimonial de alrededor de G. 60 mil millones, las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) encontraron un perjuicio que rondaría los US$ 200 millones, según Leandro Villalba, director de Auditoría Forense.

El expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS) Jorge Brítez se retiró sin hablar con los medios tras su audiencia ante el juez Rodrigo Estigarribia. El que sí brindó su parecer respecto a la imputación por lesión de confianza que pesa contra su defendido fue el abogado José Fernández, quien afirmó que, más que una persecución, el proceso que lleva adelante el fiscal Jorge Ortiz es un “show”.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) cuestionó a los gobiernos de Mario Abdo Benítez y Santiago Peña por “uno de los peores robos de la historia en el IPS”, tras la imputación de nueve personas, y reclamó que ambos expliquen qué ocurrió. También exigió al cartismo que devuelva los G. 500.000 millones esfumados de la Municipalidad de Asunción o de lo contrario afirma se votará a un cómplice como Camilo Pérez.

Esta mañana, el extitular del IPS Jorge Brítez se presentó en el despacho del juez Rodrigo Estigarribia en el edificio del Poder Judicial. Sobre el mismo pesaba una orden de captura por una supuesta lesión de confianza en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio para la institución de G. 61.000 millones.

El abogado especializado en derecho laboral, Juan José Bernis, criticó que la acción fiscal contra los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS) y otras siete personas llega demasiado tarde e incluso la mora judicial se evidencia con los consejeros que aún no están procesados y continúan en sus cargos.