El agente fiscal de la Unidad Penal N! 2 de Villarrica, Martín Escalada, formuló imputación contra Mario Fernández Candia, funcionario administrativo del Hospital Regional de Villarrica y exjefe del Servicio de Admisión, por la presunta comisión del hecho punible de coacción grave.
De acuerdo con el acta de imputación, la investigación se inició a partir de denuncias y declaraciones de personas que señalaron haber sido afectadas por un supuesto esquema de inversión que prometía importantes ganancias a cambio de captar nuevos participantes.
Uno de los hechos concretos atribuidos a Fernández Candia habría ocurrido el 20 de diciembre de 2024, cuando, según la Fiscalía, el funcionario se habría dirigido a una trabajadora del área de admisión para instarla a ingresar al sistema de inversión que promovía. La acusación fiscal sostiene que Fernández Candia habría utilizado su posición jerárquica para presionar a la funcionaria, haciéndole saber que tenía injerencia en la renovación de los contratos del personal y que su continuidad laboral estaría vinculada a su ingreso al esquema.
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Ante esta situación, la trabajadora habría accedido a participar en el sistema de inversión. Para la Fiscalía, el vínculo de subordinación existente entre ambos constituye un elemento relevante para analizar la presunta coacción.
Entre los elementos de sospecha incorporados a la carpeta fiscal se encuentran las denuncias presentadas por afectadas, declaraciones de varias personas que manifestaron ser víctimas y diversos informes remitidos por instituciones públicas.
Relato de las supuestas víctimas
En el relato presentado ante el Ministerio Público, las denunciantes sostienen que el sistema requería una inversión inicial de G. 800.000, con la promesa de obtener hasta G. 4.800.000 en un mes. La captación de nuevos integrantes constituía, según la denuncia, una parte fundamental del mecanismo.
Las afectadas señalaron además que, ante la falta de dinero para ingresar, Fernández Candia y miembros de su entorno familiar les habrían ofrecido préstamos para realizar el aporte inicial, con la condición de que posteriormente devolvieran el dinero utilizando los ingresos obtenidos mediante la incorporación de nuevos participantes.
Según la denuncia, unas 66 personas habrían resultado afectadas por el esquema, incluyendo funcionarios del Hospital Regional de Villarrica y personas ajenas a la institución. Los denunciantes estimaron que el perjuicio acumulado rondaría los G. 52 millones.
Los denunciantes también manifestaron que inicialmente algunos participantes recibieron pagos, situación que habría generado confianza y permitido ampliar la cantidad de personas que ingresaban al sistema. Posteriormente, sin embargo, los pagos se habrían retrasado hasta cesar completamente.
La investigación fiscal apunta además a determinar la participación que habrían tenido otras personas mencionadas en las denuncias, entre ellas integrantes del entorno familiar del imputado. No obstante, la imputación formulada por el fiscal Escalada en esta etapa está dirigida contra Fernández Candia por el supuesto hecho de coacción grave.
La Fiscalía encuadró provisoriamente la conducta atribuida al funcionario en el artículo 121, numeral 2, del Código Penal, en concordancia con el artículo 29, inciso 1°, en calidad de autor. El Ministerio Público solicitó un plazo de seis meses para avanzar con las diligencias y posteriormente presentar el requerimiento conclusivo que corresponda.
Fiscalía pide evitar prisión preventiva
Pese a la imputación, el fiscal Martín Escalada solicitó al Juzgado Penal de Garantías la suspensión de la ejecución de una eventual prisión preventiva y la aplicación de medidas cautelares menos gravosas.
La Fiscalía considera que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa inicial, la existencia del hecho investigado y la vinculación del imputado. Sin embargo, sostiene que los riesgos procesales pueden ser neutralizados mediante otras medidas.
Entre las alternativas solicitadas se encuentran la prohibición de salir del país, la prohibición de acercarse a la víctima, la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado y la constitución de una caución real suficiente.
La Fiscalía indicó además que todavía está pendiente una evaluación psicológica de la denunciante, diligencia que podría aportar nuevos elementos para el esclarecimiento de los hechos. Por ese motivo, pidió que se impida al imputado cualquier contacto con la víctima y los testigos mientras avanza la investigación.