El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por Ana Rodríguez Brozón (presidenta), Yolanda Morel y Karina Cáceres; admitió un total de 60 testigos ofrecidos por la defensa de Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este, para que declaren en el juicio por supuesta lesión de confianza en el caso Tía Chela.
A criterio de las magistradas, las 60 personas ofrecidas como testigos por la defensa del precandidato a Presidente de la República guardan relación con los hechos que son objeto del presente juicio oral. Incluso, 56 de ellas habían sido excluidas en la etapa intermedia por el juez de Garantías Humberto Otazú, quien estuvo a cargo de la causa.
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Asimismo, el colegiado hizo lugar a la inclusión de pruebas documentales, que están relacionadas a la empresa Tía Chela; con el argumento de que dichos elementos tienen vínculo con los hechos que serán objeto de debate en el juicio oral.
Además, las juezas resolvieron diferir la resolución sobre el pedido de inclusión, como pruebas, de publicaciones periodísticas y de redes sociales sobre el inicio de la licitación para la provisión de los alimentos y la posterior entrega de los 25.000 kits a la población de Ciudad del Este, por parte de la firma Tía Chela.
Revés para fiscalía sobre informes de Tía Chela
Por otro lado, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos rechazó los pedidos de informes solicitados por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), respecto a una nota de la firma Tía Chela, remitida a la Municipalidad de Ciudad del Este en fecha 28 de marzo de 2020.
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Al plantear el incidente, el fiscal Corbeta había señalado que mediante dicha nota la empresa adjudicada para la provisión de kits de alimentos informó a la institución municipal que, por cuestiones de stock insuficiente, reemplazará las marcas de arroz, fideo y azúcar que iba a proveer a la institución municipal. Agregó que el Ministerio Público tomó conocimiento de dicha nota recién en la audiencia preliminar.
Sin embargo, la jueza Ana Rodríguez resaltó que el Tribunal de Sentencia constató que la nota ya se encontraba agregada a la carpeta fiscal, en consecuencia, no se configura la circunstancia de hecho nuevo alegado por el Ministerio Público como fundamento de su petición; en consecuencia el colegiado rechazó la inclusión de dichos informes.
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En cuanto al testimonio del actual titular de la DNCP, Agustín Encina, que también fue solicitado por el Ministerio Público; el tribunal concluyó que la prueba testimonial tiene por objeto incorporar al juicio el conocimiento que el testigo pueda tener sobre el hecho. Sin embargo, en este caso, el funcionario no tiene conocimiento directo del hecho, por lo que su declaración fue rechazada por el colegiado.
Pedido de Miguel Prieto para transmitir el juicio
Por otra parte, el Tribunal de Sentencia resolvió no hacer lugar al pedido de las defensas para transmitir el presente juicio a través de las redes sociales de los acusados, con el argumento de que el debate oral ya es transmitido en vivo por los canales de TV Justicia.
“El presente juicio se encuentra siendo registrado por los medios dispuestos por la Corte Suprema de Justicia, habiéndose dispuesto la transmisión en vivo a través de los canales institucionales. En tales condiciones la publicidad del juicio se encuentra suficientemente garantizada, sin que resulte necesario autorizar una transmisión paralela mediante cuentas particulares vinculadas a alguna de las partes”, resaltó la presidenta del tribunal Ana Rodríguez.
Respecto a otros incidentes planteados por las defensas, las juezas resolvieron rechazar los incidentes de nulidad absoluta de la acusación fiscal y el sobreseimiento definitivo, planteados por la defensa de la acusada Emili Vanessa Florentín Páez; así como otros incidentes presentados por los representantes de otros acusados.
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De acuerdo con lo anunciado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, el presente debate oral continuará el lunes 14 de setiembre, a las 8:00, con la lectura del auto de apertura a juicio y, posteriormente, los alegatos iniciales del Ministerio Público y las defensas.
Acusación contra Miguel Prieto por caso Tía Chela
La fiscalía sostiene en la acusación que durante la pandemia por covid, específicamente en el año 2020, la Municipalidad de Ciudad del Este habría adquirido alimentos de manera fraudulenta por un valor de G. 2.949.650.000 mediante una licitación por excepción direccionada a la firma proveedora, en el marco de un proceso penal por la compra de kits de alimentos que fueron distribuidos durante la pandemia.
Junto a Miguel Prieto están acusados Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Sebastián Martínez Insfrán, Maggi Fariña Almada, José Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanessa Florentín Páez; todos por supuesta lesión de confianza y asociación criminal.
El Ministerio Público señala inconsistencias en las facturas, ya que las compras de los kits fueron realizadas con posterioridad a las fechas de recepción que figuran en la documentación oficial de la Municipalidad de Ciudad del Este, por lo que se concluyó que la empresa no contaba con los productos al momento de ser adjudicada.
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Al respecto, la fiscalía apunta a los acusados por supuestamente ejecutar la adjudicación de forma indebida por la vía de la excepción, cuando la compra de alimentos no revestía la urgencia argumentada, por lo que debió adjudicarse mediante licitación pública.