A los casi 100 testigos ya admitidos para declarar en el juicio oral a Miguel Prieto Vallejos, por supuesta lesión de confianza en el caso Tía Chela, la defensa del exintendente de Ciudad del Este solicitó incluir otros 56 testigos para que brinden su testimonio en el debate que está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrados por Ana Rodríguez Brozón (presidenta), Yolanda Morel y Karina Cáceres.
El Abg. Derlis Martínez, uno de los defensores de Prieto, argumentó que estos testigos fueron excluidos por el juez de Garantías Humberto Otazú, en la audiencia preliminar de la presente causa penal, ya que a criterio del magistrado la cantidad de testigos admitidos para declarar en juicio es “suficiente”, según recordó el letrado.
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“Esta causa siempre se trató de sobrefacturación, pero como eso era insostenible, durante la investigación se cambió de hipótesis a un incumplimiento de contrato por parte de la empresa Tía Chela en la entrega de 25.000 kits de alimentos. Seguramente de los 150 testigos traigamos solo a 80, pero necesitamos incluir como testigos a estas personas porque es nuestro derecho”, fundamentó Martínez.
La defensa también pidió al tribunal que admita, como pruebas, publicaciones periodísticas y de redes sociales sobre el inicio de la licitación para la provisión de los alimentos y la posterior entrega de los 25.000 kits a la población de Ciudad del Este, por parte de la firma Tía Chela.
Miguel Prieto ratifica que probará su inocencia
Por su parte el precandidato a presidente de la República Miguel Prieto Vallejos, acusado de supuesta lesión de confianza que según la acusación causó un perjuicio de G. 2.949.650.000 a la Municipalidad de Ciudad del Este, aseguró que demostrará su inocencia, por lo que consideró fundamental la inclusión de los testigos propuestos por su defensa.
“Nosotros distribuimos los kits de alimentos a través de las iglesias católicas y evangélicas, por ende fueron los responsables de estas iglesias (sacerdotes y pastores) los que recibieron esos kits de alimentos, para luego distribuir a la población; sin embargo el juez Humberto Otazú resolvió que esas personas no van a ser testigos de la defensa”, recordó el acusado.
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Prieto agregó que, con la intención de encontrar la verdad real, su defensa solicitó la inclusión de esos sacerdotes y pastores, para que declaren como testigos en el presente juicio oral y público, ya que fueron ellos los responsables de la recepción y distribución de los kits de alimentos, que según la acusación fiscal no fueron distribuidos en su totalidad.
Por último, el acusado criticó que la fiscalía proponga como testigo al titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, quien además de haber sido viceministro en el gobierno de Horacio Cartes es tío de Monserrat Alliana, hija del vicepresidente y precandidato a presidente de la República por el cartismo, Pedro “Mangui” Alliana.
MP pide declaración del titular de Contrataciones
El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca, quien tiene como coadyuvantes a sus colegas Yeimy Adle y Verónica Valdez, planteó como incidentes un pedido de informe a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) respecto a una nota de la firma Tía Chela, remitida a la Municipalidad de Ciudad del Este en fecha 20 de marzo de 2020.
Corbeta Dinamarca detalló que mediante dicha nota la empresa adjudicada para la provisión de kits de alimentos informó a la institución municipal que, por cuestiones de stock insuficiente, reemplazará las marcas de arroz, fideo y azúcar que iba a proveer a la institución municipal.
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“Esta prueba documental fue ofrecida por la defensa en fecha 25 de noviembre de 2025, en la etapa incidental de la audiencia preliminar, y nunca antes fue puesta a conocimiento del Ministerio Público en la etapa investigativa”, fundamentó el fiscal Silvio Corbeta.
Sobre el mismo punto, el Ministerio Público (MP) solicitó la inclusión del testimonio del titular de la DNCP, Agustín Encina, así como otros pedidos de informes a la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a fin de conocer si ambas instituciones también recibieron dicha nota de la firma Tía Chela.
Fiscalía tenía conocimiento de la nota, según defensas
Las defensas de Miguel Prieto y otros tres acusados también presentaron sus incidentes y, al contestar los planteamientos del Ministerio Público, solicitaron el rechazo de los pedidos de informes respecto a la nota de fecha 20 de marzo de 2020, y la declaración del titular de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, como testigo.
El Abg. Derlis Martínez, representante legal de Prieto, sostuvo que dicha prueba documental forma parte del tomo 1 del expediente, por lo que el Ministerio Público tuvo acceso a dicha nota mucho antes de la audiencia preliminar. “De pronto a la fiscalía le preocupa que se haya cambiado de marcas, pero eso se supo siempre, no es un hecho controvertido”, enfatizó el letrado.
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Por otra parte, las defensas solicitaron la transmisión del presente juicio a través de las redes sociales de los acusados, no solo mediante los canales de TV Justicia, de tal manera que los ciudadanos puedan seguir en vivo los detalles del debate oral, según argumentaron.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos dispuso un cuarto intermedio en el juicio oral, hasta las 13:00 de este lunes. La audiencia se retomará con la presentación de los incidentes de las defensas de los otros acusados.
Acusación contra Miguel Prieto por caso Tía Chela
La acusación fiscal refiere que durante la pandemia por covid 19, específicamente en el año 2020, la Municipalidad de Ciudad del Este habría adquirido alimentos de manera fraudulenta por un valor de G. 2.949.650.000 mediante una licitación por excepción direccionada a la firma proveedora.
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Además del exintendente Miguel Prieto Vallejos, están acusados Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Sebastián Martínez Insfrán, Maggi Fariña Almada, José Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanessa Florentín Páez.
Todos enfrentan cargos por lesión de confianza y asociación criminal, en el marco de un proceso penal por la compra de kits de alimentos que fueron distribuidos durante la pandemia.
De acuerdo con el escrito del Ministerio Público, se determinaron inconsistencias en las facturas, ya que las compras de los kits fueron realizadas con posterioridad a las fechas de recepción que figuran en la documentación oficial de la Municipalidad de Ciudad del Este, por lo que se concluyó que la empresa no contaba con los productos al momento de ser adjudicada.
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La fiscalía también sindica a los acusados, de ejecutar la adjudicación de forma indebida por la vía de la excepción, cuando la compra de alimentos no revestía la urgencia argumentada, por lo que debió adjudicarse mediante licitación pública.