El Observatorio del Ministerio Público, a través de la Oficina de Estadísticas, presentó un informe sobre la trata de personas, en el marco de la lucha contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niños y niñas.
El análisis abarcó 653 causas ingresadas entre los años 2019 y 2025, en las que fueron identificadas 665 presuntas víctimas.
Los datos revelan que la explotación sexual constituye la modalidad de trata de personas con mayor porcentaje de denuncias registradas en el Ministerio Público.
Agregan, además, que el informe expone la situación de vulnerabilidad de las víctimas, con una importante presencia de mujeres y personas jóvenes.
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52% de denuncias de trata son por explotación sexual
De acuerdo con el análisis estadístico, el 52 % de las causas ingresadas por trata de personas corresponde a explotación sexual.
Esta modalidad comprende la prostitución, la servidumbre sexual u otros servicios sexuales, los actos pornográficos y la producción de material pornográfico.
También dieron a conocer que el 20 % de los casos corresponde a servidumbre, que consiste en obligar a una persona a trabajar o prestar servicios sin posibilidad de modificar su situación.
Por su parte, el 19 % se relaciona con el trabajo forzoso, que implica la prestación de servicios bajo amenaza de una sanción o sin la voluntad de la persona.
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53% de víctimas tienen entre 0 y 17 años
En porcentajes menores se registran otras modalidades contempladas en la legislación, como la servidumbre de la gleba, la explotación económica, la esclavitud por deudas y el matrimonio servil.
El informe señala que aproximadamente el 70 % de las víctimas, tanto hombres como mujeres, tiene entre 14 y 29 años.
Asimismo, el análisis indica que alrededor del 53 % de las víctimas tiene entre 0 y 17 años, lo que evidencia la afectación de niños, niñas y adolescentes por este hecho punible y las consecuencias que puede generar en su desarrollo integral.
Los datos analizados por el Observatorio del Ministerio Público indican que el 65 % de las víctimas son mujeres. De este grupo, el 78 % tiene entre 14 y 29 años, mientras que el 51 % corresponde a menores de edad, es decir, mujeres de hasta 17 años. Por otra parte, el 20 % de las víctimas mujeres tiene entre 30 y 44 años, según los datos del informe.
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Contextos en los que se produce la explotación sexual y trata de personas
En cuanto al contexto en el que se produce la trata de personas, el trabajo en el extranjero constituye el escenario con mayor presencia entre las denuncias analizadas.
También se identifican otros contextos, como fronteras internacionales, residencias, zonas rurales, albergues, casas de citas, establecimientos privados, espacios vinculados a la prostitución, talleres, locales de organizaciones no gubernamentales, sectas religiosas, plantaciones de marihuana, situaciones de migración, criadazgo, clubes y prostíbulos.
Explican que la trata de personas puede generar consecuencias emocionales, psicológicas, sociales y económicas que afectan a las víctimas durante y después de las situaciones de explotación.
Entre ellas se encuentran la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático, además de dificultades en las relaciones interpersonales, aislamiento social, afectación de la autoestima y problemas económicos y laborales.
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Lo que dice la psicóloga del Ministerio Público
La psicóloga del Ministerio Público, Soledad Barge, explicó al Observatorio del Ministerio Público que las víctimas pueden presentar síntomas como baja autoestima, vergüenza, tristeza, ideas de persecución, desesperanza, cansancio emocional, fatiga, frustración, apatía y sensación de indefensión.
La profesional destacó la importancia de que las víctimas reciban acompañamiento psicológico, atendiendo a las particularidades de cada situación y a las necesidades que surjan durante el proceso de recuperación.
Destacó que resulta fundamental realizar la denuncia ante las instituciones competentes y garantizar el acceso a los servicios de asistencia y protección.
El apoyo del entorno familiar y de las redes de contención también constituye un factor relevante para el proceso de recuperación y reintegración social de las personas afectadas.