El agente especial prefecto Cristian Porfirio Amarilla Cabaña, imputado en la causa derivada de la investigación denominada #LaMafiaManda, por las supuestas filtraciones al exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes, seguirá siendo investigado por los hechos de asociación criminal (art. 239) y la omisión de prevención de ilícitos realizada por funcionarios (art. 40 de la Ley N° 1.340/88), así lo dispuso el juez penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal, mediante el AI N° 358.
El agente Cristian Amarilla había solicitado, a través de su abogado Francisco De Vargas, mediante un incidente de cambio de calificación, la exclusión de los referidos hechos punibles por los que fue imputado el 14 de septiembre de 2026, por la fiscala Ingrid Cubilla y los fiscales, Christian Ortiz, José Morínigo y Luis Said.
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El abogado Francisco De Vargas había indicado en su pedido que existe una “atipicidad objetiva de la conducta atribuida a Cristian Amarilla respecto del artículo 239”, al respecto sostuvo que en el relato fáctico fiscal “se advierte con claridad que la conducta descripta no satisface, ni remotamente, las exigencias objetivas del tipo penal de asociación criminal”.
También insistió en que en la imputación fiscal hay “ausencia de todo indicio de intercambio de comunicaciones entre mi asistido y los demás imputados que permita siquiera suponer un acuerdo de voluntades”, según De Vargas. Agregó que el escrito investigativo tiene un déficit en la descripción de la conducta de Amarilla.
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Cabe recordar que Cristian Amarilla, además de esos ilícitos, también afronta cargos por la presunta comisión de frustración de la persecución y ejecución penal (art. 292) y realización por funcionarios (art. 293), según el Código Penal.
Exclusión implicaría una valoración anticipada, señala juez
El juez Osmar Legal señaló en su análisis que “en el estadio procesal en el que actualmente se encuentra la presente causa, no se reúnen elementos suficientes que permitan la modificación de la calificación jurídica pretendida y, concretamente, la exclusión de los tipos penales cuestionados”.
El magistrado resaltó que la causa se encuentra en etapa incipiente, “habiendo transcurrido apenas unos días desde su inicio, etapa en la cual el Ministerio Público se encuentra aún abocado en la recolección, incorporación y diligenciamiento de elementos probatorios en la búsqueda del esclarecimiento de los hechos”.
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En otro párrafo de su resolución, Legal refirió que “resulta trascendental resaltar que la calificación jurídica atribuida reviste un carácter esencialmente provisorio y, por ende, no constituye una determinación definitiva e inmutable”.
Por último, el juez Legal subrayó “acceder en este momento a la exclusión de los tipos penales pretendidos por la defensa del imputado Cristian Porfirio Amarilla Cabaña, implicaría efectuar anticipadamente una valoración que no se corresponde con el estado actual de la causa”.
Chats con Eulalio “Lalo” Gomes revelaron nexo corrupto con la Senad
Las numerosas causas abiertas luego de la revelación del contenido de los chats que mantenía Eulalio “Lalo” Gomes expusieron esquemas de corrupción y también de filtraciones de datos sensibles y protección hacia su persona y su reputación en la zona del departamento de Amambay, donde tenía su bastión.
Dichas conversaciones fueron analizadas por la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de Antinarcóticos de la Policía, en un documento de 330 páginas, donde también se incluyen comunicaciones por mensajes en plataformas de WhatsApp y Sky ECC de Alexandre Rodrigues Gomes.
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Los datos que allí se mencionan también sustentan el Acta de Imputación N° 10, presentada por la agente fiscal Ingrid Cubilla, quien además es integrante del equipo del caso Pavo Real Py I y II, junto con los fiscales José Martín Morínigo, Christian Ortiz y Luis Said, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.
Además, todos esos datos también sustentan la medida de prisión preventiva para los agentes Helga Lizany Concepción Solís Gomes, sobrina de Eulalio “Lalo” Gomes; Cristian Porfirio Amarilla Cabaña (48), agente especial prefecto; Aldo Osmar Pintos Martínez (50), coronel del Ejército Paraguayo; Alicia Marlene Vázquez Samaniego (43), agente especial subinspector, y Hugo Derlis Baptista Báez (56), agente especial supervisor general de la Senad.
Clan Gomes era un esquema de protección y corrupción institucional, según fiscalía
Según lo señalado por la Fiscalía y lo que se exponen en el Auto Interlocutorio (AI) N° 344, específicamente, mediante el cual el juez Humberto Otazú, que interina a su colega y juez natural del caso Osmar Legal, “el clan Gomes constituía una estructura criminal vinculada al tráfico de sustancias prohibidas y al lavado de activos provenientes del narcotráfico, a cargo de Alexandre Rodrigues Gomes y de su padre, Eulalio Gomes”.
Se destaca que la información que dieron los chats “ha permitido identificar que la estructura no se habría limitado al desarrollo de actividades propias del narcotráfico y a la posterior inserción y ocultamiento de recursos obtenidos ilícitamente”.
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Al respecto refiere el órgano investigador que el clan Gomes, en forma paralela al tráfico de drogas, también puso en marcha “un esquema de protección y corrupción institucional, destinado a garantizar la continuidad de sus operaciones, dificultar las investigaciones y neutralizar o anticipar acciones de los organismos encargados de la prevención, investigación y persecución penal”.
En ese marco es que se tiene la hipótesis central de que la organización estableció vínculos y mecanismo de influencia y corrupción con funcionarios y agentes de distintos órganos de seguridad, como Policía Nacional y la Senad, y del sistema de justicia, como Fiscalía y Poder Judicial.
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Esos mismos vínculos habrían posibilitado al clan Gomes contar con información privilegiada, generar mecanismos de protección, facilitar sus operaciones y procurar la impunidad de sus integrantes, principalmente del representante y legislador entonces Eulalio “Lalo” Gomes, lo que también le dio las herramientas para favorecer a personas vinculadas a la estructura.
Entre ellos se cita el caso del presunto narcotraficante brasileño Rolando Mendes Nunes, alias Barba, cuya captura habría sido frustrada pese a haber sido requerida por la Policía Federal de Brasil, que incluso dirigió procedimientos en busca del citado.