Las operaciones denominadas “Pavo Real”, que contaron con tres fases en el Brasil, tuvieron también su derivación en Paraguay bajo la denominación Pavo Real Py. Esta última constó de dos fases, en las que se desarticularon los esquemas de lavado de activos y testaferros de Jarvis Chimenes Pavão: la primera involucró a abogados y la segunda al ya fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, cuyos chats se revelaron con #LaMafiaManda.
La operación Pavo Real Py I, que se llevó a cabo el 10 de julio del año 2023, tiene un total de 24 personas procesadas y a la espera de juicio por esta causa que lleva como carátula “Luan Chimenes Nascimento y otros s/ Ley 1881/02 que modifica Ley 1340”; en la segunda, se incluyó al entonces diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes Batista y su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes.
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Dicha causa se caratuló como “Eulalio Gomes y otros s/ Ley 1881/2002 que modifica la Ley 1340 (Ley N° 6379 Crimen Organizado)”, por esta causa el 19 de agosto del 2024 se llevaron a cabo dos allanamientos simultáneos en Pedro Juan Caballero, específicamente en los domicilios del legislador Eulalio Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues.
En ambos procedimientos se registraron enfrentamientos con disparos de arma de fuego por parte de los imputados entonces, por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico, solo que el diputado Eulalio “Lalo” Gomes perdió la vida en la oportunidad, y su hijo quedó detenido. Es preciso señalar que Alexandre también afronta causas por narcotráfico y homicidio en grado de tentativa.
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Dicha situación permitió la incautación de los celulares de Eulalio “Lalo” Gomes y de Alexandre Rodrigues Gomes, permitiendo de esta forma extraer las conversaciones que mantenían en aplicaciones y redes sociales.
Los chats del legislador expusieron esquemas de presunta corrupción en instituciones como la Fiscalía, el Poder Judicial, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que ya generaron consecuencias.
Así también, el contenido de dichas conversaciones también posibilitó y derivó en la apertura de la presente causa caratulada: “Hugo Derlis Baptista Báez, Helga Lizany Concepcion Solís Gomes, Cristian Porfirio Amarilla Cabaña, Aldo Osmar Pintos Martínez y Alicia Marlene Vázquez Samaniego S/ violación a la ley 4036/10”.
Chats revelaron nexo corrupto con la Senad
Las numerosas causas abiertas luego de la revelación del contenido de los chats que mantenía Eulalio “Lalo” Gomes expusieron esquemas de corrupción y también de filtraciones de datos sensibles y protección hacia su persona y su reputación en la zona del departamento de Amambay, donde tenía su bastión.
Dichas conversaciones fueron analizadas por la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de Antinarcóticos de la Policía, en un documento de 330 páginas, donde también se incluyen comunicaciones por mensajes en plataformas de WhatsApp y Sky ECC de Alexandre Rodrigues Gomes.
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Los datos que allí se mencionan también sustentan el Acta de Imputación N° 10, presentada por la agente fiscal Ingrid Cubilla, quien además es integrante del equipo del caso Pavo Real Py I y II, junto con los fiscales José Martín Morínigo, Christian Ortiz y Luis Said, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.
Además, todos esos datos también sustentan la medida de prisión preventiva para los agentes Helga Lizany Concepción Solís Gomes, sobrina de Eulalio “Lalo” Gomes; Cristian Porfirio Amarilla Cabaña (48), agente especial prefecto; Aldo Osmar Pintos Martínez (50), coronel del Ejército Paraguayo; Alicia Marlene Vázquez Samaniego (43), agente especial subinspector, y Hugo Derlis Baptista Báez (56), agente especial supervisor general de la Senad.
Clan Gomes era un esquema de protección y corrupción institucional, según fiscalía
Según lo señalado por la Fiscalía y lo que se exponen en el Auto Interlocutorio (AI) N° 344, específicamente, mediante el cual el juez Humberto Otazú, que interina a su colega y juez natural del caso Osmar Legal, “el clan Gomes constituía una estructura criminal vinculada al tráfico de sustancias prohibidas y al lavado de activos provenientes del narcotráfico, a cargo de Alexandre Rodrigues Gomes y de su padre, Eulalio Gomes”.
Se destaca que la información que dieron los chats “ha permitido identificar que la estructura no se habría limitado al desarrollo de actividades propias del narcotráfico y a la posterior inserción y ocultamiento de recursos obtenidos ilícitamente”.
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Al respecto refiere el órgano investigador que el clan Gomes, en forma paralela al tráfico de drogas, también puso en marcha “un esquema de protección y corrupción institucional, destinado a garantizar la continuidad de sus operaciones, dificultar las investigaciones y neutralizar o anticipar acciones de los organismos encargados de la prevención, investigación y persecución penal”.
En ese marco es que se tiene la hipótesis central de que la organización estableció vínculos y mecanismo de influencia y corrupción con funcionarios y agentes de distintos órganos de seguridad, como Policía Nacional y la Senad, y del sistema de justicia, como Fiscalía y Poder Judicial.
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Esos mismos vínculos habrían posibilitado al clan Gomes contar con información privilegiada, generar mecanismos de protección, facilitar sus operaciones y procurar la impunidad de sus integrantes, principalmente del representante y legislador entonces Eulalio “Lalo” Gomes, lo que también le dio las herramientas para favorecer a personas vinculadas a la estructura.
Entre ellos se cita el caso del presunto narcotraficante brasileño Rolando Mendes Nunes, alias Barba, cuya captura habría sido frustrada pese a haber sido requerida por la Policía Federal de Brasil, que incluso dirigió procedimientos en busca del citado.
Sobrina de Lalo Gomes, pieza clave de filtración y cobertura
El análisis de las comunicaciones arrojó a la propia sobrina de Eulalio “Lalo” Gomes, Helga Lizany Concepción Solís Gomes, como una de los componentes de la estructura.
Esto toma relevancia cuando se tiene en cuenta que la misma también formó parte de unidades del Ministerio Público como asistente fiscal y de la Cámara de Diputados, desde donde podía acceder a información y ejercer influencia.
Es así que en el periodo investigativo entre 2019 y 2023, Lizany Solís Gomes fue asistente fiscal y, en ese contexto, habría establecido y mantenido contactos con funcionarios de distintas unidades de la Fiscalía, así como con personas vinculadas al Poder Judicial y al Ministerio de la Defensa Pública, utilizando dichas relaciones con el fin de favorecer a personas investigadas penalmente.
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Siempre teniendo como participante de la estructura a Lizany Solís Gomes, se presume que habría obtenido información sensible vinculada a investigaciones y procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), a través de su entonces pareja sentimental, el comandante de las Fuerzas Especiales Aldo Osmar Pintos.
En este punto, la actuación de Lizany Solís Gomes se torna relevante, pues habría llevado a cabo acciones para encubrir y desvincular a su tío, Eulalio “Lalo” Gomes, de hechos vinculados con la fuga de Rolando Mendes Nunes, el 8 de diciembre de 2023. En ese contexto, Lizany Solís Gomes habría establecido contacto con Cristian Amarilla, entonces director de Inteligencia de Senad, así como con su pareja Aldo Pintos, procurando evitar que su tío sea vinculado a la fuga.
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En ese mismo contexto, Cristian Amarilla, siendo superior jerárquico inmediato de Alicia Vázquez, asignada al caso Pavo Real I, habría emitido el informe final de dicho caso, en el cual se omitió identificar a Eulalio “Lalo” Gomes Batista como objetivo vinculado a los inmuebles de Jarvis Chimenes Pavão.
De la misma forma el agente supervisor de la Senad, Hugo Baptista Báez, también habría colaborado con la estructura, al permanecer en contacto con su primo hermano Eulalio “Lalo” Gomes Batista, así como también con Lizany Solís Gomes y, además ejercía en la Senad una posición jerárquicamente superior a Cristian Amarilla y Alicia Vázquez.