El juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, autorizó la declaración, como testigos, en carácter de anticipo jurisdiccional de prueba de Enrique Ismael Flores Harfuch, agente de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), y Mónica Leticia Santacruz Mareco, asistente de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, en el marco del caso conocido como #LaMafiaManda, según el Auto Interlocutorio (AI) N° 356.
El anticipo jurisdiccional de prueba consiste en un acto procesal de carácter excepcional mediante el cual se recibe y practica una prueba durante la etapa de investigación. Esto, se lleva a cabo ante un riesgo fundado en que más adelante ya no pueda realizarse. En este caso, uno de los testigos refirió haber recibido amenazas y la otra, temor debido a algunos comentarios que escuchó.
Con esta decisión, en un eventual juicio, ya no será necesario que los testigos se presenten a declarar nuevamente.
La fiscala Ingrid Cubilla había solicitado la declaración de ambos, en forma anticipada teniendo en cuenta la información que ambos podrían aportar a la presente causa penal que ella tiene a su cargo. Cabe recordar que la misma derivó del caso conocido como #LaMafiaManda que expuso los chats que mantenía el diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes Batista.
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Por su parte, el magistrado dio autorización para la diligencia judicial excepcional al considerar “la relevancia de las declaraciones, la naturaleza y particularidad de la información que podrían aportar, los antecedentes concretos de amenazas y temor manifestados”, tanto por el agente antidrogas Enrique Flores y la funcionaria fiscala Mónica Santacruz.
Cabe señalar que, el pasado 17 de agosto, el agente de Senad Enrique Flores fue condenado a 2 años de pena privativa de libertad con la suspensión de la ejecución de la pena por el mismo plazo, por la tentativa de revelación de secretos de servicio. El Tribunal de Sentencia que lo condenó estuvo integrado por Manuel Aguirre (presidente), Rossana Maldonado y Juan Francisco Ortiz.
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Flores había transmitido información sobre que supuestamente el uruguayo requerido en A Ultranza, Sebastián Marset, estuvo escondido en Paraguay pero presuntamente fue protegido de los altos mandos de la Senad, Aldo Pintos, Cristhian Amarilla y Mauro Ruiz Díaz, todos estos imputados actualmente, el último de ellos en una causa distinta.
Agente de Senad denunció “orden superior” para no incluir a Lalo Gomes
De acuerdo con los datos de la investigación, el 13 de febrero de 2026, el agente Enrique Flores declaró ante la unidad fiscal que tiene la referida causa a su cargo. En la oportunidad señaló que intervino como analista en la investigación denominada “Pavo Real”. En ese contexto tuvo acceso a datos y participó en las labores coordinadas con organismos de Paraguay y de la Policía Federal de Brasil.
También, en esa oportunidad, expuso que durante la investigación fueron identificadas varias propiedades ubicadas en Paraguay y ligadas al capo narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão. Entre esos datos, había algunos sobre los que había profundizar respecto a los bienes, más específicamente.
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Sin embargo, Flores había dicho que “recibió instrucciones de un superior jerárquico para excluir del informe preliminar información relativa a Eulalio Gomes”, según consta en el Auto Interlocutorio (AI) N° 356 del juez Osmar Legal.
Luego de señalar aquello, el agente Flores fue trasladado y también fueron desplazados otros agentes que participaban de la investigación, según hizo constar en su declaración. Flores también había referido que había recibido amenazas, sin aclarar de qué naturaleza, por sus intervenciones, por lo que se activó el protocolo de proteción a testigos.
Por otra parte, también aportó información relacionada a la operación “Sanctus”, la cual fue llevada a cabo para la localización y captura de Ronaldo Mendes Nunes, alias Barba. La misma hacía referencias a comunicaciones que resultarían relevantes para determinar una eventual filtración de información.
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Entre otras cuestiones, Enrique Flores también se refirió a comunicaciones que mantenían Eulalio “Lalo” Gomes, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, su sobrina Helga Lizany Solís Gomes, Aldo Osmar Pintos y Cristian Porfirio Amarilla.
En cuanto a los datos sobre Eulalio Gomes, cuya exclusión le fue requerida debía formar parte de un informe preliminar correspondiente al caso Pavo Real I. Había agregado, en su declaración que, desde su perspectiva, podrían comprometer la independencia de la investigación y generar riesgos de influencia sobre funcionarios o evidencias, haciendo referencia a la posición jerárquica de personas en la institución.
Funcionaria fiscal expone a agente de Senad y temor por rumores
Por su parte la funcionaria fiscal, Mónica Santacruz, declaró el pasado 24 de septiembre. La misma también aportó datos relacionados al caso Pavo Real I, ya que dijo haber participado desde el 2021 en tareas de investigación, gestión y procesamiento de investigación en la referida causa penal.
En otro momento, Santacruz explicó que a partir de la documentación proveniente del caso “Pulp Fiction”, tuvo conocimiento de elementos que vinculaban al extinto legislador Eulalio “Lalo” Gomes con personas ligados al esquema investigado, entre ellas guías de traslado y facturas por venta de ganado a Paulo Larson, familiar de Jarvis Chimenes.
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Además, indicó haber presenciado el momento en que Enrique Flores pretendía incorporar a Gomes en su informe de telemática y Alicia Vázquez -siempre según lo que consta en el AI N° 356- le indicó “que lo retirara, argumentando que se trataba de un reconocido ganadero de Amambay y que la sola venta de ganado no permitía vincularlo con la estructura”.
Según la declaración de Santacruz, más tarde surgieron otros elementos relacionados con Gomes Batista, “entre ellos información patrimonial vinculada a las estancias Negla-Pindura”. Santacruz había añadido que en una reunión de coordinación, antes de la ejecución de Pavo Real Py II, se consultó a Alicia Vázquez sobre datos relativos a Gomes, oportunidad en la que se señaló que parte de una conversación relacionada con él se encontraba en el material de telemática analizado
Posteriormente, Santacruz también dijo que Vázquez le preguntó si Gomes sería incorporado a la investigación y le manifestó que, de ser así, se apartaría del caso porque lo consideraba una persona peligrosa, particularmente por su condición de diputado, según figura en la resolución judicial.
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Por último, la funcionaria judicial indicó que, luego de que los hechos tomaran estado público, “siente temor por su seguridad personal”.
Agregó, “haber recibido información de distintas personas según la cual Alicia Vázquez y Cristian Amarilla la estarían calificando de ‘traidora’, circunstancia que le genera especial preocupación debido a las funciones que ambos, por razón de sus cargos, tendrían a información personal sobre ella”.
Chats de Eulalio “Lalo” Gomes revelaron nexo corrupto con la Senad
Las numerosas causas abiertas luego de la revelación del contenido de los chats que mantenía Eulalio “Lalo” Gomes expusieron esquemas de corrupción y también de filtraciones de datos sensibles y protección hacia su persona y su reputación en la zona del departamento de Amambay, donde tenía su bastión.
Dichas conversaciones fueron analizadas por la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de Antinarcóticos de la Policía, en un documento de 330 páginas, donde también se incluyen comunicaciones por mensajes en plataformas de WhatsApp y Sky ECC de Alexandre Rodrigues Gomes.
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Los datos que allí se mencionan también sustentan el Acta de Imputación N° 10, presentada por la agente fiscal Ingrid Cubilla, quien además es integrante del equipo del caso Pavo Real Py I y II, junto con los fiscales José Martín Morínigo, Christian Ortiz y Luis Said, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.
Además, todos esos datos también sustentan la medida de prisión preventiva para los agentes Helga Lizany Concepción Solís Gomes, sobrina de Eulalio “Lalo” Gomes; Cristian Porfirio Amarilla Cabaña (48), agente especial prefecto; Aldo Osmar Pintos Martínez (50), coronel del Ejército Paraguayo; Alicia Marlene Vázquez Samaniego (43), agente especial subinspector, y Hugo Derlis Baptista Báez (56), agente especial supervisor general de la Senad.