El exjefe municipal de la ciudad de Ñemby, Tomás Olmedo, afrontará juicio oral y público por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y estafa, en calidad de co-autor, por la presunta tragada de G. 738.421.255 mediante la simulación de obras, en el sentido de que ordenó obras en 2023 pese a que las mismas ya se concretaron en el 2022.
El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, resolvió remitir la causa contra Tomás Olmedo a la siguiente instancia –la de juicio-, mediante el Auto Interlocutorio (AI) N° 335, tras concretar la realización de la audiencia preliminar los días 15 y 16 de octubre.
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Cabe señalar que, Olmedo es el sexto acusado en una causa penal y el último en la misma, sobre quien se decidió enviar a la etapa de juicio. En su caso, recién pudo llevarse a cabo la audiencia preliminar, luego de que un Tribunal de Apelaciones rechazar la recusación planteada por el exintendente en contra del juez Estigarribia.
En agosto de este año, el juez envió para juzgamiento a otros cinco: el director de obras municipales, Enrique Hugo Delvalle García; los fiscalizadores de obras, Daniel David Sánchez Arza y Flavio Javier Duarte, y el contratista y propietario de Mbarete Import Export, Arnaldo Gauna Martínez, así como el director de Administración y Finanzas de la Municipalidad, Marcos Isaías Meza.
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El 30 de marzo de este año, la fiscala de Fernando de la Mora Jessika Magalí Verocay Gauto, había solicitado la reapertura de causa y presentó acusación contra los antes citados pues en 2025, el juez Estigarribia dictó el sobreseimiento provisional para los seis procesados.
Tomás Olmedo ordenó realizar obras que ya estaban
De acuerdo con la acusación fiscal presentada el pasado 30 de marzo, Tomas Olmedo en su carácter de intendente de Ñemby firmó con la empresa de “Mbarete Import Export”, de Arnaldo Gauna Martínez, el Contrato N° 5/23 el 22 de junio de 2023, por la Licitación Pública Nacional Lote N° 1 (plurianual) “Construcción de empedrados e iluminación en los distintos barrios de la ciudad de Ñemby”.
En el marco de dicha obligación contractual, se elaboraron varios documentos que fueron avalados por Marcos Isaías Meza Ortiz, director de Administración y Finanzas de la Municipalidad; así como Enrique Hugo Delvalle García, director de Obras; Daniel David Sánchez Arza y Flavio Javier Duarte, como fiscalizadores de obras.
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Entre los documentos existían órdenes de pago, orden de inicio de trabajo, el informe de Fiscalización, Acta de medición y verificación, acta de Aprobación del Certificado de obras N° 3, Acta de recepción provisoria y definitiva y los libros de obras sobre los trabajos realizados en cinco puntos determinados de la ciudad.
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Uno de esos puntos constituyó las calles Primera Junta Municipal y Cayo Pereira, donde las obras, documentalmente iniciaron el 7 de julio de 2023 y culminaron el 18 de julio de 2023, pagándose por ellas G. 167.668.149. Sin embargo, se corroboró que las mismas ya tenían en febrero del año 2022 la construcción de empedrado.
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Además, documentalmente entre el 7 de julio y el 18 de julio de 2023, se llevaron a cabo obras de empedrado entre la calle Primera Junta Municipal y Pedro Juan Caballero, pero se observó que desde julio del 2022 ya tenían empedrado, pese a ello se abonó la suma de Gs 84.999.149 por dichos trabajos.
En el mismo periodo de tiempo se ordenaron trabajos entre las calles Primera Junta Municipal y Doctor Rodríguez de Francia, por los que se abonó G. 160.337.939, pero desde julio de 2022 ya tenía empedrado construido. Lo mismo ocurrió entre las calles Primera Junta Municipal y Primavera, obras por las que se pagaron G. 124.680.269 y entre las calles Alegría y Araucano, por el que se cobró la suma de G. 200.735.749.
Perjuicio causado a la comuna de Ñemby, según la Fiscalía
Resulta llamativo que, documentalmente, las obras concluyeron en 11 días calendario y se llevaron a cabo en sitios donde un año antes ya habían sido colocados los empedrados.
Pese a esto último, el jefe municipal Tomas Olmedo terminó pagando la suma de G. 738.421.255 causando un perjuicio patrimonial a la institución.