“No me quemés”, dice un popular meme que tuvo como origen un programa humorístico argentino, frase que claramente se podría aplicar a los casos que vamos a exponer acá. A diferencia de la escena que se viralizó a partir de una parodia, en este material vamos a exponer situaciones reales que se produjeron en allanamientos realizados en distintos casos judiciales, entre ellos el del caso Ueno Bank.
Al parecer, la posibilidad de ser sorprendidos en flagrancia de algún delito o evidencia activa el “modo desesperación” en algunas personas, pero no la astucia. Así las cosas, se dan casos como el de la funcionaria que, frente a una cámara, procedió a romper documentos que, para colmo, tiró en un basurero en la misma oficina.
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Funcionaria rompió documentos frente a la cámara durante un allanamiento
Este hecho ocurrió el 9 del corriente, cuando la comitiva fiscal-policial encabezada por los fiscales Yeimy Adle y Silvio Corbeta allanó las oficinas de Ueno Casa de Bolsa, situadas en la Torre 1, Piso 1 del edificio del Paseo La Galería, en Asunción, en el marco del caso Ueno, en el que está procesado el expresidente Santiago Peña.
Tras realizar la descarga de las filmaciones de las cámaras de la empresa, los investigadores constataron que al tiempo en que los agentes fiscales ingresaban al local, Andrea María José Benitez García, jefa de Operaciones de la firma intervenida destruía apresuradamente algunos documentos.
Como los restos de esos papeles fueron rescatados del basuero de la misma oficina, los investigadores procedieron a una “reconstrucción”, mediante la cual se pudo verificar que uno de los documentos que la joven rompió hacía referencia a las inversiones del destituido presidente Peña.
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Ahora, Benítez afronta un proceso penal por supuesta frustración de la persecución penal, en el cual el juez penal de Garantías Marcelo Saldívar decretó su prisión preventiva.
Papelón durante #UNAnotecalles : exdirectora de la UNA “comepapeles”
Si de destruir evidencias se trata, hay que reconocer que en esta materia nadie le pudo superar a María del Carmen Martínez Méndez, exdirectora de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
Martínez Méndez ganó notoriedad durante la histórica protesta universitaria #UNAnotecalles, como quedó conocida la manifestación de estudiantes de las facultades nacionales contra los planilleros que percibían impunemente elevados salarios de rubros de docentes, que tuvo lugar a inicios de setiembre de 2015 y duró varios días.
En plena manifestación, en la noche del 24 de setiembre de 2015, la directora de Talento Humano fue sorprendida por un grupo de manifestantes cuando se disponía a retirar documentos de esa dependencia, ubicada en el campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en San Lorenzo, epicentro de la protesta.
La furtiva acción de Martínez no pasó inadvertida para los manifestantes que, al percatarse de que cargaba documentos, fueron a su encuentro a los gritos.
Ante esta situación, la funcionaria ingresó a un vehículo de una empresa de seguridad privada para resguardarse, pero el mismo fue rodeado e impedido de salir por los manifestantes que, enardecidos, al mismo tiempo, exigieron presencia policial en el lugar.
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Los manifestantes revelaron que al verse literalmente atrapada, Martínez literalmente ingirió algunos papeles, que a juzgar por su desesperación seguramente eran comprometedores para su gestión y la del exrector Froilán Peralta, también procesado por corrupción.
Este día, fue necesaria la intervención policial para el traslado de la funcionaria de la UNA hasta la comisaría local, donde quedó aprehendida y luego, fue procesada. Por la medida extrema en la que incurrió para impedir la incautación de los documentos, Martínez se ganó el mote de “la comepapeles”.
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En 2022, la funcionaria de la UNA fue condenada a 3 años y 6 meses de prisión por estafa -por haber contratado a personal para su granja con dinero público- junto con el rector Froilán Peralta (ANR), quien recibió una pena de 3 años de encierro.
Agente antidrogas fingió infarto tras recibir coima en una entrega vigilada
Otro caso que también se hizo viral fue el del agente de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Reinaldo Daniel Urizar Ramírez, de 51 años, exjefe de la Oficina Regional de Itapúa, quien no tuvo mejor idea que fingir un infarto durante un allanamiento a su oficina.
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Urizar Ramírez fue detenido en mayo de 2021, tras recibir G. 10 millones en concepto de presunta coima del intendente de Cambyretá, Javier Pereira, al que según la denuncia, el jefe regional de Senad extorsionó bajo amenazas de implicarlo en una causa de narcotráfico.
El 19 de agosto de 2022, exfuncionario fue condenado a 2 años y seis meses de cárcel como autor de cohecho pasivo agravado, tras admitir que recibió una coima de G. 10 millones por parte del intendente de Cambyretá, Javier Pereira, para no implicarlo en un caso de narcotráfico.
La sentencia fue dictada por el juez penal de Garantías José Agustín Delmás en el marco de un procedimiento abreviado, a petición del fiscal Francisco Cabrera y la fiscala adjunta Soledad Machuca.
El entonces jefe regional de la Senad intentó ocultar entre sus ropas los fajos de dinero, pero al verse acorralado, los entregó y se constató que coincidían con las fotocopias hechas previamente como parte del proceso de entrega controlada.
En un momento del procedimiento, el agente empezó a gesticular de manera agitada, a modo de simular un infarto, posibilidad descartada por el médico forense interviniente. Fuentes allegadas a la investigación estimaron que a lo mejor la “escena” tuvo el propósito de evitar la prisión preventiva, que fue inevitable.
El agente especial Reinaldo Daniel Urízar Ramírez era uno de los agentes más antiguos de la Secretaría Nacional Antidrogas. Con casi 28 años de carrera en la institución, participó en varios sonados procedimientos de incautación de drogas y en los últimos años previos al procedimiento que concluyó con su detención, ocupó cargos de jefatura en varias de las oficinas regionales instaladas en el interior del país.
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Con esta acción, Urizar se ganó un lugar en el mundo de los stickers de WhatsApp, que hasta hoy siguen vigentes.
Supuesto perito arrojó dinero en un estacionamiento
El 6 de marzo de 2017, el que se vio en apuros para intentar ocultar dinero de dudoso origen fue el perito Roberto Duarte Cáceres, durante un allanamiento realizado a su oficina en Asunción, por los fiscales José Dos Santos y Josefina Aghemo.
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El procedimiento se realizó en el marco de la denuncia presentada por una persona quien refirió que el profesional le requirió supuestamente la suma de G. 30 millones para que dictamine a su favor en un juicio civil.
Publicaciones de la época dan cuenta de que Duarte quedó detenido tras recibir la suma solicitada a la demandada, durante una entrega vigilada. El perito intentó huir de los intervinientes e incluso tiró el dinero en el garaje del edificio donde está su oficina.
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La investigación fue abierta por tráfico de influencias, pues el perito Duarte simuló tener contacto con el juez a cargo del juicio, informó la Fiscalía en la época.
Perito lanzó dinero a una canaleta y abogado corrió
Otro perito que vivió una situación similar fue Carlos González Cabello, quien durante un allanamiento a su oficina ubicada en la zona céntrica de Asunción, arrojó un fajo de dinero a una canaleta.
La denuncia que dio origen al proceso fue presentada por la madre de un menor de edad, que denunció a su padre por maltrato. La denunciante indicó que el abogado Gumercindo Oviedo le dijo que el perito pidió G. 6 millones para un dictamen favorable en el peritaje a una carta.
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Previa denuncia a la Fiscalía, la mujer pactó la entrega de la suma requerida en la tarde del viernes último, en la oficina del perito, ubicada en Jejuí 1990 casi Don Bosco.
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Al percatarse del ingreso de la comitiva fiscal encabezada por el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio, González Cabello ocultó G. 4 millones en una de las canaletas del techo de la oficina, según publicaciones de la época.
Oviedo, a su vez, salió corriendo de la oficina y fue reducido en la vía pública, con los G. 2 millones restantes.