Docentes de San Juan Bautista y de otros distritos del departamento de Misiones se movilizaron nuevamente este jueves en reclamo de garantías presupuestarias y mejores condiciones para la educación pública.
Los educadores se concentraron en la plaza de la Ermita y posteriormente realizaron el cierre de la ruta PY01, como medida de protesta ante el tratamiento del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2027, cuya aprobación está prevista para esta jornada.
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Entre los principales reclamos del sector figuran el aseguramiento de los fondos previsionales y jubilatorios, además de una inversión equivalente al 7% del producto interno bruto (PIB) para la educación pública.
Los educadores también exigen que la gratuidad escolar sea efectiva y no dependa de los aportes económicos de las familias ni de los propios docentes, quienes, según denuncian, terminan cubriendo necesidades que corresponden al Estado.
Otro de los reclamos apunta a la falta de condiciones adecuadas para garantizar una educación inclusiva. Los manifestantes señalan que las instituciones educativas carecen de profesionales especializados, como psicólogos y psicopedagogos, además de infraestructura y recursos necesarios para atender a estudiantes con necesidades específicas de aprendizaje.
Los gremios denuncian burocracia en los trámites para las jubilaciones
El delegado sindical de la Unión Nacional de Educadores-Sindicato Nacional (UNE-SN), Valentín Benítez, manifestó que “hoy día los docentes, los trabajadores de la educación estábamos nuevamente en movilización, un derecho constitucional en justo reclamo a nuestros reivindicaciones, con cierre total de la ruta acá en la cabecera departamental, la capital departamental de Misiones, que es San Juan Bautista”.
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Asimismo, señaló que se están uniendo a la movilización docentes agremiados a la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), la Asociación de Educadores Rurales Sanjuaninos (AERS) y la UNE-SN.
Los sindicalistas también reclamaron la agilización de los trámites jubilatorios y la desvinculación de los educadores que ya cuentan con la resolución correspondiente.
Según Benítez, los procedimientos administrativos pueden prolongarse hasta dos años, situación que obliga a los docentes a continuar trabajando pese a haber cumplido los requisitos para acceder al beneficio.
“Existe demasiada burocracia para la desvinculación. El trámite puede prolongarse hasta dos años. Uno ya cuenta con la resolución de jubilación, pero no puede retirarse. Por eso, exigimos que la jubilación sea automática”, sostuvo.