10 de septiembre de 2026

La Contraloría General de la República (CGR) emitió recientemente un informe parcial sobre el supuesto mal uso de dinero público en la Gobernación del Alto Paraguay. El concejal departamental que realizó estas denuncias ante el ente contralor pide que el Ministerio Público investigue las irregularidades.


El principal camino que llega a esta comunidad chaqueña se encuentra en pésimas condiciones. La Gobernación se encargó de reparar el 50% de los 62 kilómetros que posee el tramo hasta Toro Pampa, luego los trabajos se suspendieron hace más de 30 días. Los pobladores piden a las autoridades continuar con las reparaciones, atendiendo que la institución recibió nuevas maquinarias y combustibles por un monto de US$ 1.000.000 para este tipo de tareas.
Desde agosto del 2023 hasta la fecha, la Gobernación del Alto Paraguay, a cargo de Arturo Méndez colorado cartista, ya utilizó unos G. 42.000 millones, sin embargo, a un año de su mandato, no logró la concreción de obras de envergadura en el departamento. A esto se le suma la crisis política dentro de la Junta Departamental, actualmente acéfala y no sesiona por falta de quórum desde el 20 de julio.
A un año de mandato de las actuales autoridades departamentales se puede visualizar un escaso accionar del gobernador Arturo Méndez, colorado cartista, en relación a la construcción de obras de envergadura. El joven dirigente, desde que asumió el cargo, dispuso de unos G. 42.000 millones. En tanto los concejales departamentales se mantienen en una tremenda división y no logran sesionar por acefalía.

La obra que debió ser la estación portuaria de esta localidad chaqueña fue iniciada por la Gobernación en el 2019, a un costo de casi G. 5.000 millones. Los trabajos solo avanzaron un 50%, mientras ya se desembolsó el 97% del millonario monto. La construcción está abandonada hace años. En tanto, las actuales autoridades departamentales, se llaman a un silencio cómplice, al no informar qué harán de la infraestructura.
Así como en el 2023, de nuevo, un conflicto político en la Junta Departamental de esta Gobernación, fue derivado a instancia judicial y se reinician las rencillas políticas. El inconveniente surgió cuando cuatro concejales eligieron a las nuevas autoridades de este órgano legislativo, mientras otros 3 ediles alegan que el quórum legal para realizar dicha sesión debió ser de 5 miembros.