Desde la Fedemipyme señalaron que, tras la emisión de la Resolución MTESS N° 220/2026 y la Resolución IPS C.A. N° 025-004/2026, se “cerró el círculo” de la reglamentación, habilitando el acceso a beneficios como descuentos y exoneraciones de tasas en entidades estatales y Municipalidades, con el objetivo de fortalecer a este sector clave de la economía.
En ese sentido, el presidente de la Fedemipyme, Luis Tavella, explicó que ya se cuenta con contratos laborales a plazo determinado para las microempresas. Además, los aportes a la previsión social podrán realizarse sobre el 80% del salario mínimo, lo que abarata los costos de formalización para las microempresas.
En ese sentido, indicó que ya se puede ingresar a la página del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), obtener la Cédula Mipymes e imprimirla para presentarla ante las instituciones del Estado e incluso en las municipalidades, que tampoco deberían cobrar tasas.
“De las 400.000 microempresas que hay en el país, posiblemente ni el 10% están registradas en las municipalidades. Entonces, lo que se busca es una apertura: no cobrar durante tres años y, a partir del cuarto, podrían tener hasta 200.000 nuevos contribuyentes”, sostuvo.
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“No existe obligación de pagar preaviso”
En cuanto a los contratos a plazo determinado, explicó que permiten establecer una fecha de inicio y finalización. Por ejemplo, se puede emplear a una persona por un periodo de un año y, al término, “no existe obligación de pagar indemnización ni preaviso”, siempre de acuerdo a lo que indica el acuerdo.
Indicó que la microempresa podrá renovar este tipo de contrato hasta en dos ocasiones más. De esta manera, durante tres años se podrá utilizar este esquema, y a partir del cuarto año se deberá pasar al régimen laboral tradicional.
“Esto permitirá que las empresas contraten personal por periodos de cuatro, cinco o seis meses. Al finalizar el contrato no hay obligación de indemnización ni preaviso, pero el trabajador contará con seguridad social del IPS, lo que brinda respaldo tanto al empleador como al empleado”, remarcó.
Inscripción automática al IPS
Otra posibilidad que otorga la normativa es que las microempresas puedan pagar el 80% del salario mínimo y aportar a la seguridad social sobre esa misma base, lo que representa una ventaja para fomentar la formalización, reiteró el gremialista.
“Hoy creo que tenemos absolutamente todo. Quizás faltaría que algunas instituciones emitan sus resoluciones, como la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) o la Dinapi. Esta última, por ejemplo, no debería cobrar en los trámites de formalización”, detalló.
Ajustar algunos puntos con otras instituciones
Señaló que con Dinavisa los procesos están bastante avanzados, mientras que con otras instituciones buscarán cerrar acuerdos en los próximos días. No obstante, remarcó que lo importante es que la ley está prácticamente concluida y ya se puede hacer uso de sus beneficios.
Sobre los pasos pendientes con otras instituciones, mencionó el caso del Senave, donde la inscripción para importar productos tiene un costo anual de G. 450.000, además de requerir la firma de un ingeniero agrónomo, lo cual considera innecesario para las mipymes, sería un punto a continuar analizando.
“Lo importante son los contratos laborales, la seguridad social y que, al formalizarse sin capital, la reducción de tasas representa una ayuda significativa”, enfatizó.
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La socialización de la ley, el desafío
El desafío de esta nueva ley para Tavella es la “socialización de la normativa”, dado que de esa manera se podrá tener el “impacto positivo” en la formalización del empleo que es lo que se busca. Consideró que, sin una campaña de al menos seis meses, la posibilidad de que llegue a más emprendimientos podría ser baja.
“El Viceministerio de mipymes realizará un seguimiento constante, junto con los gremios que integran la Federación, que ya reciben consultas sobre los beneficios de la cédula mipymes”, dijo sobre los controles para dar el total cumplimiento de los incentivos que ofrece la normativa.