Tras el ingreso ilegal de supuestos dirigentes campesinos a la Estancia Lusipar- propiedad administrada por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico)- la Asociación Rural del Paraguay (ARP) se pronunció al respecto y reafirmó que en la República del Paraguay no existen causas justas que se defiendan mediante la violencia ni mediante la invasión de propiedades, sean estas privadas o administradas por el Estado.
Asimismo, vía comunicado, el gremio lamentó que los ganaderos, agricultores y trabajadores rurales de la zona de San Pedro nuevamente se vieron expuestos a una situación de extrema tensión e incertidumbre. “La defensa de quienes producen, invierten y generan empleo en el campo es una condición indispensable para el desarrollo del país”, indicó.
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La Rural ratificó su compromiso de seguir colaborando con las autoridades para promover políticas públicas que impulsen el desarrollo rural, la formalización y la generación de oportunidades para las familias campesinas, pero siempre sobre la base del respeto a la Constitución, a las leyes y a la propiedad privada.
Respeto a la propiedad privada
Sobre este punto, Abog. Diego Torales, presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la ARP, comentó a ABC que la invasión a la Estancia Lusipar no es un hecho actual y reciente, sino que la amenaza de ingresar a esas tierras data de hace aproximadamente tres años.
Según lo señalado, desde el gremio rural manifiestan su “apoyo total” a los organismos de seguridad, considerando que se trata de una propiedad administrada y tutelada por el Estado paraguayo.
Advirtió que, si no puede ser resguardada por las autoridades competentes, los ciudadanos quedarán aún más vulnerables.
Prestar atención
Por ello, insistió en que los entes de seguridad deben prestar especial atención a estos casos, ya que son esenciales para fortalecer la seguridad jurídica. “Sin esa garantía, no hay un marco de protección ni para los ciudadanos ni para las empresas”, destacó.
“Por eso lanzamos un apoyo total e irrestricto, en la defensa de la propiedad privada, a los organismos de seguridad que están custodiando ese inmueble, a la espera de que, eventualmente, ya sea por subasta u otros mecanismos, se le dé otro destino. Incluso, no se descarta que en el futuro pueda ser objeto de la reforma”, sostuvo.
Precisó que esas tierras, al estar en manos de Senabico, no pueden formar parte de la reforma agraria. Además, la estancia está siendo arrendada al sector privado, por vías legales, por lo que su invasión constituye un atropello a la propiedad privada.
Lusipar: no son campesinos reales
El abogado cuestionó duramente los hechos violentos registrados y afirmó que no se puede atribuir este tipo de acciones al verdadero campesinado, que apuesta por la reforma agraria dentro del marco legal.
Asimismo, indicó que el sector productivo se mantiene en alerta, especialmente ante la proximidad de un nuevo periodo electoral. “En estas épocas abundan las promesas políticas irresponsables, incluso de expropiaciones inviables”, advirtió.
Recordó en tal sentido que el Estado hoy tiene una deuda superior a los US$ 100 millones por tierras expropiadas “que ni siquiera puede pagar”.
Añadió que muchas de esas propiedades ya están siendo ocupadas sin contar con respaldo presupuestario para su regularización.
Finalmente, lamentó que supuestos dirigentes campesinos estén utilizando un discurso de confrontación, alegando una supuesta necesidad de más tierras en la zona, lo cual para el sector productivo “es una falacia”, cuestionó.
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Alertas del sector productivo
En su momento, los principales gremios del país alertaron un posible ingreso ilegal en Lusipar, ubicada en San Pedro, exigieron una acción rápida y coordinada para evitar el hecho, sin embargo, la irrupción a la propiedad privada se concretó el viernes pasado por supuestos dirigentes campesinos.