29 de junio de 2026

Un grupo de campesinos denunció este martes al Estado paraguayo por presuntos crímenes de lesa humanidad tras la muerte de diez agricultores en medio de la represión a integrantes de una comunidad que reclamaba el acceso a tierras durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), en el llamado “caso de Caaguazú”.

Hace más de 17 meses, integrantes del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) permanecen frente al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), luego de recibir solo 140 hectáreas de las 771 que les prometieron en el 2015.
SAN PEDRO. Organizaciones campesinas de San Pedro convocaron para este sábado a una nueva asamblea popular en la comunidad de Tava Guaraní, con el objetivo de definir futuras acciones y avanzar en una posible articulación con otros sectores populares descontentos con el Gobierno. Asimismo, anunciaron que se pronunciarán contra el actual ministro del Interior.

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) emitió un comunicado donde confirma su preocupación por supuestas “señales de impunidad” en el marco de las invasiones en la estancia Lusipar. El 5 de diciembre pasado se había registrado un enfrentamiento en los alrededores.

En una asamblea popular, supuestos campesinos sin tierra se reunieron en la comunidad de Tava Guaraní, donde debatieron sobre el violento enfrentamiento con la Policía registrado durante el intento de invasión de la estancia Lusipar, administrada por la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Decidieron iniciar este lunes una movilización frente a la sede de la Fiscalía en Santa Rosa del Aguaray para exigir la libertad de los campesinos encarcelados y la devolución de vehículos y herramientas incautadas.
El violento enfrentamiento entre campesinos y policías en la estancia Toro Vevé, vinculada al conflicto por las tierras de Lusipar, deja una herida abierta y un panorama incierto. Más allá de los heridos, detenidos y daños materiales, el episodio desnuda una vez más la ausencia de una política de Estado para el campo, así como la incapacidad de los gobiernos de turno para leer y atender las realidades y necesidades del sector rural.