La reelección de Pedro Alliana como titular de Diputados fue una negociación clave para los intereses de Honor Colorado porque la Cámara Baja es la puerta de entrada de varias iniciativas como intervención de municipios y pedidos de juicios políticos desde el Presidente de la República pasando por ministros de la Corte Suprema de Justicia hasta llegar a los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral por mal desempeño de sus funciones. Son dos temas que dominarán la escena política de aquí hasta el 2023.
En cuestiones municipales ya comenzamos hace bastante tiempo con casos ocurridos con los intendentes no colorados ni liberales de las ciudades de Ciudad del Este, Benjamín Aceval, Asunción y ahora Encarnación; sin entrar a juzgar la cuestión de fondo, solo estamos exponiendo las razones políticas.
Alto Paraná también es estratégico para el cartismo y el 1 de julio pasado la Corte le designó al cuestionado fiscal Humberto Rosetti como adjunto de ese departamento fronterizo con el Brasil. Uno de los ministros incluso reveló que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, hizo lobby por la designación de Rosetti, quien al parecer no hizo declaración jurada de todos sus bienes ante la Contraloría General de la República, lo que acrecienta aún más las sospechas en su contra.
Rosetti intervino en algunos casos de contrabando de cigarrillos que transitan por ese territorio con destino al mercado brasileño. Fue cuestionado por varios procedimientos por su tibieza a la hora de intervenir.
El 17 de junio pasado, también la máxima instancia judicial le confirmó en el cargo al juez Marino Méndez, quien fue apercibido en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por conceder irregularmente un amparo a la entonces intendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod (ANR, cartista), esposa del actual senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista), para que la Junta Municipal esteña no trate la renuncia.
Llamativamente el cartismo difundió a través de sus diferentes “canales de distribución” un video, con el objetivo de intentar confundir los hechos del asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, hecho ocurrido en la madrugada del 1 de abril de 2017. Y la exhibición del material audiovisual fue en vísperas del aniversario del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y para influir en la decisión de la jueza Cynthia Lovera, quien finalmente el viernes pasado le otorgó libertad ambulatoria al suboficial de Policía Andrés Báez, procesado por supuesta coacción en el ataque a la sede del PLRA.
Aquí lo preocupante es que el cartismo insiste en su intención de volver a copar el poder a cualquier precio. Políticamente tiene legítimos derechos pero lo grave es que no utiliza las vías democráticas y su plan consiste en destruir la institucionalidad de la República. Y una prueba fehaciente de esto es el asesinato de Rodrigo Quintana, tragedia que no les llamó a la reflexión. Ningún referente del movimiento liderado por Horacio Cartes pidió disculpas públicas por este hecho, lo que lleva a pensar que volverían a hacer si sus intereses se sienten afectados.
En ese entonces era ministro del Interior de Cartes y diputado con permiso, Tadeo Rojas, quien logró el rekutu para este periodo legislativo. En breve se sentará en la silla como presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto y como hombre del cartismo manejará los números públicos para el ejercicio fiscal 2021.