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Un acto vil, de alta miserabilidad, por aprovecharse de un momento lleno de ansiedades e incertidumbres, y del alto respaldo ciudadano a quienes administraban el dinero público con la esperanza de que tomaran decisiones rápidas orientadas a proteger a la población.
Pero también expresábamos los temores de que la oportunidad sería aprovechada por corsarios que no tendrían escrúpulos para apropiarse del dinero público y medrar aprovechando las angustias y desgracias ajenas.
A la lista de casos como los del agua tónica milagrosa e invisible de Petropar, los tapabocas de oro de la Dinac o la fallida compra de insumos chinos de Salud, debe sin dudas agregársele el caso de la Gobernación de Central, que recibió un millón de dólares para la reactivación económica.
Tuvieron que ser empresas privadas las que denunciaran de forma insistente que habían falsificado facturas suyas para que se abriese luego de muchas semanas una carpeta fiscal de investigación y luego de otras tantas, sumando varios meses, se formulase la imputación contra el principal administrador del dinero que recibe la Gobernación del departamento Central y otras 14 personas.
En el caso aparece una enigmática ONG denominada Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por un hombre llamado Tadeo Álvarez, también imputado junto al gobernador Hugo Javier González, quien a su vez avaló la rendición de cuentas de la ONG presentada inicialmente con las facturas falsificadas, y tras la denuncia pública presentó una rectificación de rendición de cuentas ante la Contraloría General.
Es decir, no solo se firmó un convenio exclusivo y sin concurso con esta organización, otorgándole los fondos a través de cheques y no de transferencias bancarias como ordena la ley de presupuesto, sino que incluso se trató de ocultar la presentación de facturas falsas a nombre de empresas que jamás las emitieron.
La maniobra está claramente descrita en el acta de imputación que refiere además que varios de los supuestos proveedores mencionados en la rendición de cuentas desconocían los trabajos realizados.
El caso más grosero de todos es el de un hombre llamado Édgar Daniel Arriola, de una supuesta empresa llamada Asunción Ofertas, quien negó haber realizado trabajo alguno para la ONG o la Gobernación de Central, ya que incluso vive desde hace varios años en España y no tenía idea de que esa empresa figuraba a su nombre.
A todas luces una grosera maniobra para quedarse con gran parte de los más de 6 mil millones de guaraníes que recibió la gobernación durante la pandemia.
La solidez de la denuncia inicial y la contundencia de las auditorías de instituciones como la Contraloría General de la República o la Secretaría Anticorrupción, obligaron a la fiscalía a formular la imputación.
Pero ya sabemos que esto es como en las películas, importa cómo comienza, pero debe importar mucho más cómo termina.
Y todo indica que no será la única causa en la gobernación, a juzgar por los allanamientos de esta semana que termina, con los que la fiscalía investiga una nueva denuncia por generosas transferencias de más de cinco mil millones de guaraníes en un solo día, el 30 de setiembre, a una asociación “Tekove de Servicio de Acción Social”, que a su vez transfirió casi 5 mil millones a “DL Architecture, Proyectos y Construcciones” para la ejecución de obras que, según declaró su propietaria, se harían en el departamento de... Cordillera (?)
A este paso habría que ir cambiando el “arriba las palmas” utilizado tradicionalmente para animar fiestas, por un “arriba las manos” más acorde a la situación.
Ojalá el caso sirva además para analizar en medio de alguna reforma constitucional, la creación de las gobernaciones y juntas departamentales, a nuestro modo de ver organizaciones absolutamente prescindibles para el estado paraguayo, perfectamente reemplazables por un consejo de intendentes que canalice y administre las necesidades de cada departamento.
Será más funcional y menos costoso.