Las instituciones educativas afectadas en este caso son la escuela San Juan Bautista de la compañía Tajy Loma, Prof. Pura Encarnación Velázquez de la compañía Veni Loma, Dionisio Cabello de Potrero y la escuela San Miguel de la compañía Tajy Loma.
Es inconcebible que teniendo toda una estructura operativa dentro de la Municipalidad y contando con los recursos para el alimento escolar de G. 464 millones del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), por un simple capricho, no haya pasado la información requerida por la Junta Municipal, y de esta forma, se niega a los alumnos de jornada extendida el plato de comida.
El cuerpo legislativo le había reiterado al intendente Cañete el pedido de presentación del programa de distribución del almuerzo, la inversión a realizar en dicho rubro, día de distribución y cantidad de raciones. Los concejales precisaban de dicha información para aprobar el gasto, pero como no remitió al seno de la Junta Municipal, feneció el plazo para el llamado a licitación.
La única excusa que pusieron desde la Intendencia es que los concejales son parte del Consejo de Educación y deben saber en qué se va invertir, desentendiéndose de cumplir con la presentación de las documentaciones requeridas.
El problema no fue en ningún momento la falta de transferencia del Ministerio de Hacienda, sino la falta de gerenciamiento en tiempo y forma ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). El ejecutivo no presentó todas las documentaciones y la contestación inmediata en tiempo y forma para obtener la autorización y la provisión del complemento nutricional.
Este municipio necesita de políticos sensibles a las necesidades del pueblo y autoridades honestas que cumplan sus funciones, porque en su mayoría utilizan la Municipalidad como trampolín para colgarse de otros cargos y perpetuarse en el poder. Más que una pena, es una vergüenza la irresponsabilidad de las autoridades municipales que este caso impide a los niños acceder a un plato de comida.