Por mayorías circunstanciales en el Congreso, y en el contexto de una campaña proselitista, diputados y senadores decidieron alterar el mandato otorgado por los ciudadanos en las elecciones municipales del año pasado.
Con el argumento de que cuatro años son insuficientes para ejecutar un programa de gobierno municipal, el Senado le dio el jueves pasado la media sanción que le faltaba al proyecto para convertirlo en una ley que altera las reglas de juego con efecto retroactivo, pretendiendo otorgar a intendentes y concejales un año más de administración de los recursos públicos en esos gobiernos locales que son los municipios.
24 senadores, en su mayoría colorados y liberales, sancionaron el proyecto que pasa ahora al Ejecutivo para su promulgación o veto.
Tan desapercibido pasó el tema que al llamar a un exparlamentario en la tarde del día posterior a su aprobación, éste nos dijo que se estaba desayunando el tema y que todavía estaba tratando de recuperarse de la sorpresa.
“El acto es nulo porque no se puede prolongar por una ley el mandato, porque el mandato se estableció por un tiempo determinado, entonces fenece en ese plazo... el acto jurídico se convalidó con la elección” nos argumentaba en la 730AM el exlegislador Marcelo Duarte, quien agregó que si se admite esto, mañana por otro acuerdo de mayorías circunstanciales se podría extender aún más cualquier mandato municipal.
“La voluntad popular es la que convalida la elección de autoridades bajo unas reglas establecidas por leyes, pero son los electores los que convalidan a esas autoridades” recordó, estableciendo claramente que en el caso de la pandemia se dio lo que se menciona como una motivo de fuerza mayor porque la situación en el país no permitía ni hacer campaña ni ir a votar.
El día anterior el también exsenador y convencional constituyente Hugo Estigarribia ya recordaba que por definición constitucional la soberanía reside en el pueblo, y que las autoridades son electas por ese pueblo pero un tiempo determinado.
“La ley que convocó a elecciones estableció 4 años, están alterando el mandato sin el voto popular” nos decía, cuestionando que también se le falta el respeto al pueblo y que a futuro se puede cuestionar todo lo que resuelvan las autoridades municipales en ese año adicional por falta de legitimidad.
Los defensores de la alteración de la voluntad popular dicen que también durante la pandemia se extendieron los mandatos, pero debe recordarse que esto fue algo excepcionalísimo con un virus que puso al mundo de rodillas, una situación solo equiparable a algún caso de conmoción nacional, como una guerra, que impida la realización de elecciones para expresar la voluntad de los ciudadanos.
Éste no es el caso ahora.
Por las mayorías en el Congreso pretenden darle un año más de mandato a sus correligionarios, sin que exista una razón más que otorgarles la posibilidad de administrar los recursos públicos de esos gobiernos locales por ese tiempo adicional.
Y es válido también conjeturar que esto podría darse a cambio de un apoyo logístico y financiero para las internas simultáneas del próximo domingo 18 de diciembre.
El presidente tiene en sus manos la ley sancionada. Con algo de sensatez podría evitar que se altere la voluntad popular expresada en las urnas y bajo unas reglas determinadas.