Quieren llegar o seguir en la función pública sólo para medrar. Para ninguna otra cosa. En consecuencia, no tienen empacho alguno en entregar la gestión política de sus funciones a los grupos de interés que buscan implementar agendas particulares, a cambio de que dichos grupos de interés les otorgen “indulgencia plenaria” ya como patente de “respetabilidad”, ya como garantía de impunidad.
Es el modo en que las ONG o, peor aún, agencias gubernamentales o multilaterales extranjeras se apoderaron completamente del diseño de las políticas públicas de nuestro país, las que proponen e implementan sin derecho constitucional alguno, sin control popular alguno y sin participación ciudadana alguna.
Ejemplos abundan. El proyecto de Plan Maestro de Movilidad Eléctrica Multimodal para el Transporte Público Urbano y Logístico de Paraguay, por tomar un caso, forma parte del “Programa Euroclima+”, financiado por la Unión Europea para promover el desarrollo “ambientalmente sostenible y resiliente al clima” en 18 países de América Latina, implementado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Expertise France (EF), Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y ONU Medio Ambiente.
Lo mismo ocurre con el Plan Nacional de Transformación Educativa del ministerio de Educación y Ciencias, la definición de la política penitenciaria del ministerio de Justicia, la política de combate a la delincuencia del Ministerio Público y así desde el Poder Ejecutivo, hasta el Poder Judicial, pasando por el Poder Legislativo (ley de “electromovilidad”, buen ejemplo), departamentos, municipios, entes autarquicos, empesas de propiedad estatal y entidades binacionales.
Esta usurpación avanza sin tregua: Ahora se quiere otorgar a las ONG el poder de legitimar nuestras elecciones, o deslegitimarlas, mediante una ley “de la observación electoral nacional”, diseñada e impulsada desde las mismas ONG para obtener más poder inconstitucional del que ya detentan, que las colocará de facto como super poder electoral en nuestro país.
Hemos tocado fondo: Incluso potencias o intereses extranjeros se valen de estas ONG y de estas agencias para imponernos sus agendas, y les dan el trato de “sociedad civil”, falsedad y estafa que quedó en evidencia durante la visita del funcionario norteamericano Richard Nephew, donde todas las ONG invitadas reciben financimiento y ordenes desde Estados Unidos y carecen de cualquier título por el que puedan decir que representan de forma alguna a la comunidad paraguaya.