No es poca cosa. Esta es la octava oportunidad de elegir a nuestras autoridades nacionales desde que en 1.989 se puso fin a la dictadura de Alfredo Stroessner. Varios de su entorno siguen en el poder, aún hoy a cargo del “glorioso” Partido Colorado tras un breve lapso de cinco años de gobierno opositor, marcado de todas maneras por antiguas artimañas políticas.
También emulando al stronismo se han aplomado los gobiernos prebendarios, que sirven a los intereses de las mafias y de los clanes familiares, que utilizan cargos públicos para enriquecerse mediante oscuras maniobras.
Varias personas que hoy tienen el descaro de candidatarse nuevamente a cargos públicos, tienen nefastos antecedentes. Horacio Cartes quiere ser presidente de la ANR y está declarado “significativamente corrupto” por Estados Unidos. Investigaciones periodísticas y de organismos de seguridad dan cuenta de que los cigarrillos que fabrica se fusionan directamente con el crimen organizado.
De su mano, Santiago Peña quiere ser presidente de la República. Él era ministro de Hacienda cuando se cerró trato con la empresa Mota Engil para lo que fue el mayor fiasco de la era Cartes: el proyecto Metrobus.
Mario Abdo Benítez también quiere ser presidente de la ANR. Lidera el gobierno que endeudó por millones de dólares al Paraguay para enfrentar una pandemia que dejó miles de fallecidos por falta de insumos en los hospitales. Palo dieron a quienes salieron a protestar. Poco antes estuvo a punto de un juicio político por tratos poco claros con Brasil. El cartismo lo salvó.
El clan Zacarías, denunciado por una seguidilla de irregularidades en la administración pública en Ciudad del Este, y blanqueado en investigaciones por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, también se postula. Su líder, Javier Zacarías, quiere ser senador y candidata a su cuñada, Rocío Abed, para diputada, y a su esposa, Sandra McLeod, para miembro de la Junta de Gobierno del Partido Colorado.
El Partido Liberal también tiene “joyas”, como Carlos Portillo, que quiere volver a ser diputado, luego que en 2021 lo expulsaran de la Cámara Baja por uso indebido de influencias. También se abrió una investigación en contra suya por un supuesto hecho de pedido de coima.
Relaciones con organizaciones criminales, denuncias de supuestos hechos de corrupción, investigaciones por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, son antecedentes de varios candidatos a ocupar puestos públicos.
En estas circunstancias para nada extrañas, entre hoy y el 30 de abril han de decidirse los integrantes del próximo Gobierno Nacional. Podría ganar, como es usual, la “estructura” partidaria que se organiza con presiones y con dinero más que con convicciones. Pero también, como en cada elección de autoridades, está la posibilidad de que la ciudadanía ejerza su voto consciente y responsable, botando del poder a quienes vienen manejando las instituciones públicas según sus intereses, mayormente ligados a clanes familiares, mafias y el crimen organizado.