El copamiento de los principales cargos por parte de los colorados puede dar la falsa imagen de que se vienen tiempos de aplanadora que recuerdan a la época stronista. La lógica de nuestra política indica, sin embargo, que ante una oposición atomizada y débil, son los mismos colorados quienes asumen el papel de contrapeso al Poder Ejecutivo.
La actuación de varios representantes de la oposición durante la elección de autoridades del Senado y de la Cámara de Diputados dejó en claro que la llamada “Concertación opositora” fue una ficción y que algunos candidatos electos de los partidos que la integraron (Hagamos, Patria Querida) estaban dispuestos a cambiarse de bando en la primera oportunidad que tuvieran, buscando beneficios particulares o por simple falta de convicción y principios.
Más que el posicionamiento esperable de varios opositores del lado del nuevo gobierno que asumirá el 15 de agosto, lo que debería preocupar a quienes tienen una intención real de actuar como contralores, es la aparente carencia de una agenda política propia, hasta el momento.
El Poder Ejecutivo entrante da señales claras de que tiene una agenda de reformas, especialmente en materia económica y tributaria, que responde en gran medida a exigencias del Fondo Monetario Internacional y otros organismos como condición para seguir respaldando con créditos y programas a nuestro país.
La pregunta es cuál será la postura de la oposición y de los colorados disidentes ante estas iniciativas del gobierno.
Por otro lado, las disputas internas en el Partido Colorado están lejos de haber sido resueltas y es cuestión de tiempo –cuando pase la euforia del triunfo electoral– para que vuelvan a aflorar con fuerza.
El cartismo, que después de mucho logró poner un pie en la Cámara de Senadores, obteniendo la presidencia, intentará recuperar o consolidar espacios en el Poder Judicial y en los organismos extrapoder como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura.
Un objetivo evidente, al que intentarán anular como sea, es el nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, que ha dado muestras de independencia, desempolvando casos que afectaban a referentes cartistas y que estaban celosamente cajoneados por la anterior fiscal Sandra Quiñónez.
Otro objetivo a largo plazo es crear las condiciones para volver a impulsar una enmienda o tal vez una reforma constitucional para establecer la posibilidad de reelección presidencial.
Aunque en este momento pueda parecer una cuestión descabellada y todos recuerden que el intento anterior ya motivó una grave crisis política, es la única posibilidad de Horacio Cartes de volver a instalarse en el poder.
Partidos de oposición debilitados y una disidencia interna también venida a menos pueden animar al cartismo a realizar este nuevo intento, en la medida que tenga éxito en el objetivo inicial de debilitar las instituciones que pueden ser un obstáculo para sus planes.