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Setenta y cinco millones de dólares que deberemos pagar los que pagamos impuestos para saber cuántos somos, dónde vivimos, cómo vivimos y demás datos indispensables para poder desarrollar políticas públicas tales como las elecciones, las vacunaciones, la escolarización, los programas sociales, el ingreso per cápita, entre otros.
Pero el jueves nos enteramos que esos setenta y cinco millones de dólares no sirvieron para recabar esa información fundamental sino seguramente para que funcionarios del BID y burócratas paraguayos se hayan embolsado literalmente millones “por consultorías”.
Un dato, sólo uno, expone todo el problema: El censo de 2012, que se llevó treinta y dos de los setenta y cinco millones de dólares que nos enchufaron, no pudo usarse para realizar las proyecciones requeridas para mantener la actualización de la base estadística del Estado por falta de fiabilidad (74% de cobertura), por lo que se realizaban sobre los datos del de 2002.
La oficina encargada de las proyecciones trabaja, en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con la que realiza la “encuesta de hogares” para ir ajustando periódicamente los datos.
Estas dos oficinas nos dijeron que los paraguayos éramos, hasta setiembre de 2022, al menos siete millones y medio más o menos. El censo de 2022 nos dice que somos apenas seis millones cien mil más o menos. Hay una diferencia de un millón cuatrocientos mil.
O las oficinas de proyecciones y “encuestas de hogares” hicieron un trabajo deleznable, o el censo 2022 es deleznable. Una de las dos cosas porque ambas cifras contradictorias no pueden ser verdad al mismo tiempo.
El pasado viernes 1 de setiembre, Iván Ojeda, director del INE, nos admitió en la 730 AM ABC Cardinal que “el censo 2022 confirmó que las proyecciones y las encuestas de hogares realizadas estaban equivocadas”.
Tan equivocadas, que Iván agregó que sus datos fueron rechazados anteriormente por el ministerio de Salud (para tema vacunaciones) y por el ministerio de Educación (para primaria) por falta de fiabilidad.
La situación es tan escandalosa que ahora existen dudas razonables sobre el padrón electoral y sobre el PIB per cápita (Producto Interno Bruto por habitante). ¿Sobre qué base estadística haremos nuestros cálculos en esas cuestiones centrales o en cualquier otra?
Me dijo Iván que no le corresponde a él, sino al Ministerio Público investigar cómo y quién mal usó los setenta y cinco millones de dólares que los sinvergüenzas del BID y nuestra corrupta burocracia pública nos enchufaron.
Me gustaría saber si el Ministerio Público tiene o no tiene también estos “préstamos” del BID, porque si los tiene, entonces es seguro que el mal uso de los setenta y cinco millones del INE quedará impune.
evp@abc.com.py