En junio de 2020, cuando el senador Rivas era diputado, ya había sido nombrado representante de su cámara ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, destituyendo de manera inconstitucional a quien ejercía el cargo en ese momento, el diputado colorado Ramón Romero Roa (+).
Mencionamos la inconstitucionalidad porque así lo determinó en abril de 2016 la Corte Suprema de Justicia para un caso igual que ocurrió con el senador Óscar González Daher (+), a quien se le devolvió el cargo luego de una operación idéntica a la cometida contra Romero Roa.
Aun sin de asumir, el entonces diputado Rivas mostró públicamente no poseer aptitudes para un cargo tan importante en el que tendría la atribución, nada menos, de juzgar la conducta y el proceder de magistrados y fiscales de todo el país.
Pronto surgieron fundadas dudas sobre su formación y su título de abogado, obtenido en una ignota casa de estudios en la que ni siquiera se sabía si realmente había cursado. De haber alguna duda, bastaba escuchar hablar al legislador para darse cuenta de que no tenía la competencia para ejercer tamaña responsabilidad. Además, el mismo Rivas admitía sin ruborizarse que jamás ejerció la profesión. O sea, tenía escasos conocimientos y nula experiencia, pero juzgaría a profesionales mucho más calificados que él.
Los cartistas y sus aliados en la Cámara de Diputados más sus tentáculos en el Poder Judicial lograron que Romero Roa nunca pudiese recuperar su lugar, pese a ser de su mismo partido y que la ley estaba de su lado.
Al inicio del actual periodo legislativo, los cartistas redoblaron la apuesta con Rivas, convertido ya en senador: lo nombraron nuevamente representante en el Jurado de Enjuiciamiento y lo impusieron como presidente. Tamaño despropósito debió retroceder luego de una serie de publicaciones documentadas que demostraron que Rivas tenía varias demandas por antiguas deudas por la adquisición de artículos suntuosos, además de las dudas por omisiones en su declaración jurada de bienes sobre su fortuna personal.
Con un resto de raciocinio, Rivas renunció a presidir el Jurado pero permaneció en el organismo, con el blindaje que le dieron sus partidarios en el Senado.
A esta altura, es evidente que Rivas, por su falta de conocimientos profesionales y su ineptitud moral para no reconocerlo, carece de las condiciones, no solo para juzgar a magistrados, sino para ejercer cualquier cargo público.
El hecho de que sus colegas del movimiento Honor Colorado lo mantengan en el cargo revela un par de cosas. La primera, que no les importa que la gran mayoría de la ciudadanía paraguaya se dé cuenta de que avalan la presencia de un inepto en un cargo tan importante y que por eso están dispuestos a atropellar la Constitución, la ley y el sentido común.
La segunda, que necesitan que Rivas continúe a toda costa en ese cargo. La pregunta de por qué nos remite a recordar cómo Óscar González Daher “apretaba” a jueces y fiscales desde ese lugar para beneficiar sus negocios y operaciones políticas.
Es difícil no creer que ahora sigue pasando lo mismo que en ese entonces.