Hemos recuperado la libertad de expresión. Este derecho natural de acercar opiniones, inquietudes, reclamos, disenso, en la dictadura fue castigado con la prisión, el confinamiento, el exilio. Debemos agregarle la libertad de reunión que nos permite organizarnos como vecinos, gremialistas, políticos, etc. En tiempos de la dictadura toda reunión era sospechada de conspiración. Se pedía permiso policial hasta para una fiesta familiar o llevar serenata. La otra libertad es la de salir del país, o regresar a él, tantas veces uno quisiese o pudiese. Con el estronismo no era posible el ejercicio de este derecho. La policía manejaba una “lista negra”, con absoluta arbitrariedad, donde figuraban los nombres de quienes tenían prohibido salir o entrar.
Stroessner tenía una enfermiza obsesión por las conspiraciones. Si hubo algunas, fueron muy débiles como para tumbar a la dictadura. La única vez que se conspiró en serio, Stroessner le restó importancia. Por suerte.
No obstante el férreo control policial, militar y de las seccionales coloradas, hubo muchos ciudadanos que arriesgaron la vida, o la dieron, en la búsqueda o el sueño de un país mejor. La corrupción se extendía por los tres poderes del Estado con la bendición de Stroessner quien justificaba la delincuencia con esta frase: “Es el precio de la paz”.
Este es el alto precio que pagaron, por ejemplo, los campesinos de las Ligas Agrarias perseguidos con extraña crueldad por el intento de alcanzar una vida mejor. Allí están Misiones, Jejui, Acaray’mi, Piribebuy, etc. para recordarnos el sacrificio de muchos agricultores
El 3 de febrero de 1989 marcó un antes y un después en la vida política y social del país. A 35 años de aquél suceso ¿cómo estamos hoy? ¿cómo está la democracia por la que tantos ciudadanos habían luchado? Más arriba dije que nos llegaron algunos flecos de la dictadura. Stroessner inventó “el precio de la paz” para mantenerse en el poder. El cartismo acuñó “vamos a estar mejor” para llegar al gobierno y mantenerse en él con igual resultado que “el precio de la paz”. O sea, la corrupción, el desprecio a la Constitución, las leyes y la ética.
Con su sello característico, el cartismo impone su mayoría en el Consejo de la Magistratura en violación del artículo 263 de la Constitución Nacional. Los miembros “durarán tres años en sus funciones” pero un decreto cesa a uno de sus integrantes –que debería de ejercer hasta el 2026- para ser sustituido por una conocida oficialista.
De los muchos escándalos –con repercusión internacional- sobresalen que el mismo presidente de la República, Santiago Peña, alienta la corrupción al promulgar las modificaciones de la ley de “Conflictos de intereses en la función pública”. Ahora esta ley elimina, por ejemplo, “toda obligación (a los funcionarios) de reportar vínculos de potencial conflicto de interés con su grupo familiar”; también “facilita operar a través de familiares al no estar obligados a declarar vínculos con estos”. Elimina “todo el capítulo relacionado a la limitación para casos de puertas giratorias”. También se elimina “el deber de abstención para casos donde estén vinculados sus familiares”. En fin, una ley hecha para que se cumplan las escrituras: “Vamos a estar mejor”.
Y están mucho mejor con el saqueo al Congreso y otras instituciones. ¿Es el precio de la democracia?