Para el lado de los tomates

En las últimas semanas, la escasez de tomates en el mercado se hizo latente para perjuicio de los consumidores, tanto por la oferta limitada del producto en sus diferentes variedades como por el precio elevado. Esto motivó lógicamente una escalada de quejas y reclamos, que tuvieron eco en todos los sectores interesados o afectados, dándole llamativamente algunos de ellos un sesgo o cariz que, lejos de colaborar para la solución integral de la situación, más bien buscaban sacar alguna ventaja de la misma.

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Con relación al tomate: esta fruta -porque no es una verdura ni hortaliza- es casi indispensable a la hora de cocinar. Junto a la cebolla, la papa, la zanahoria y el ajo, constituye uno de los ingredientes sin los cuales la elaboración de las comidas se torna prácticamente imposible. Lo que se dice, un jugador que no puede faltar en la cancha.

De este modo, la oferta limitada en el mercado como los costos más elevados de lo usual generan un sinnúmero de problemas, que abarcan desde los insumos para su producción, pasando por el flete y otros hasta llegar finalmente al precio de venta del producto en su estado natural como también servido para consumo ya elaborado. Parecería un contrasentido: el sobrecosto generando sobrecostos.

Las transacciones que genera el comercio del tomate y los volúmenes que se manejan son de magnitudes gigantescas. Y la escasez del producto en nuestro país tiene un carácter cíclico, relacionado principalmente con las condiciones climáticas. La producción en condiciones óptimas se da en relación directa al clima, por eso, cuando se presentan largos periodos de sequía, lluvias o temporales, el ciclo de la misma se interrumpe.

Es durante esos periodos en que el precio del producto sube y se generan problemas a causa del contrabando. El productor paraguayo es muy eficiente, esto hay que decirlo, puede producir en las condiciones deseables durante todo el año, manejando un costo de producción mínimo y máximo. Lo que no está en condiciones de hacer es mantener sus costos en condiciones extremas. Y es aquí donde, a raíz de su escala de producción, la producción argentina es mucho más eficiente.

Llegado a este punto es donde llama la atención la posición asumida por algunos sectores, que lejos de ver el origen del problema y aportar soluciones, se dedica exclusivamente a atacar a algunos actores que son sencillamente intermediarios. El precio por kilo en una feria callejera o en la misma finca, no se puede comparar con el expuesto al público en supermercados, autoservicios y despensas formales. Estos reciben los productos al costo que les entregan sus proveedores y les dan, de acuerdo a la categoría del negocio, el recargo que les permita hacer frente a sus gastos fijos y costos de operación.

De esta forma se debe desarrollar una economía de libre mercado: siendo los clientes quienes finalmente optarán por tal o cual opción para realizar sus compras. Por el contrario, son medidas demasiado populistas y carentes de contenido aquellas que pretenden comparar precios sin hacer lo mismo en relación al entorno en el que se dan los mismos. ¡Increíble!, existen medios que incluso hacen la publicidad a comercios informales, donde un enorme porcentaje de productos es de contrabando, por tener -eso sí- el tomate a buen precio.

Una alternativa para empezar a resolver este problema, sin necesidad de apelar a subvenciones que terminen desalentando la productividad, sería habilitar por periodos breves la importación formal ante la escasez. La misma sería controlada y vuelta a inhabilitar una vez repuesta la provisión local. Con esta sencilla medida, acompañada del control de los grupos concentrados en el Mercado de Abasto que definen los precios de compra a los productores y de venta a otros centros de comercialización, los precios del mercado frutihortícola se podrían controlar y estabilizar.

Mientras tanto, sería positivo que algunos medios realmente informen y no actúen contra los tomadores de precios, que son solamente intermediarios entre el productor y acopiadores y los clientes finales. En un país en el que la economía subterránea, entre la informal y la ilícita, representa aproximadamente el 47% del PIB, ningún bien hace perseguir a los comercios que trabajan en forma legal.

En ese mismo sentido, antes de seguir “cazando en el zoológico”, direccionando la opinión pública y predisponiéndola negativamente hacia sectores que declaran sus impuestos y generan trabajo formal, sería más constructivo dirigir la investigación periodística sobre centros de comercialización y el manejo actual, a los efectos de disminuir la intermediación abusiva y, al mismo tiempo, seguir escarbando la ruta del ingreso de mercaderías de contrabando al país.

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