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Gerardo Soria es un dirigente colorado que criticó a Horacio Cartes y el riesgo que este suponía para la ANR al ser señalado por Estados Unidos como significativamente corrupto.
Luego de que el cartismo consolidó su poder tras las últimas elecciones generales, iniciaron la contienda contra sus detractores, en este caso, contra el dirigente colorado que también es funcionario de Itaipú.
A Soria lo desvincularon de Itaipú atribuyéndole una serie de supuestas faltas que incluyen desde inasistencia al trabajo, maltrato de compañeros de trabajo y desempeño irregular de la dirigencia sindical. Sin embargo, por una cuestión de apuro en cumplir los mandatos políticos, los abogados de Itaipú sufrieron un revés esta semana e Itaipú fue condenada a pagar las costas por promover en el juzgado equivocado el juicio.
Los abogados de Itaipú sostuvieron que Soria cumplía funciones en las oficinas de Ciudad del Este y que este municipio es su domicilio real; sin embargo, la magistrada que atendió el caso entendió que como el contrato de Soria se firmó en Asunción, el juicio debería de desarrollarse en un juzgado de la Capital.
Este caso deriva, por un lado, de la utilización de Estado como botín para repartirlo entre los amigos políticos y, por el otro, en el uso de las instituciones para las rencillas políticas.
Si bien quizás Soria ingresó a Itaipú por el único mérito de ser presidente de seccional, hay dos cuestiones concretas que deben entenderse de su caso.
La primera es que, con la prepotencia con la que actúan los que quieren cobrarle el cuestionar a Cartes, solo demuestran un autoritarismo peligroso para la democracia.
La segunda, las instituciones quedan, los hombres pasan; es peligroso para la República que se utilicen las instituciones como herramientas de apriete contra detractores coyunturales, porque los costos al final los pagamos todos los ciudadanos.
Este costo no solo nos deja sin institucionalidad, que es en lo que como sociedad nos sostiene, sino que también se utilizan y gastan recursos que deberían dirigirse a la población en cubrir los errores de una decisión política que busca innecesariamente demostrar el poder en un pleito interno del partido de Gobierno.