Los usuarios de estas vías se exponen a accidentes graves o mortales.
Los reiterados reclamos de pobladores y productores de las comunidades de dichas zonas no tuvieron eco en el Gobierno Central y las municipalidades de la zona afectada mantienen un silencio cómplice, sin ejecutar obras de reparación integral ni gestionar soluciones concretas, denunciaron los habitantes de la zona. Los lugareños dependen de estas vías para trasladar hortalizas, frutas, productos de la ganadería y otras mercaderías a los centros de acopio.
La vía sigue en progresivo deterioro, los accidentes de tránsito se multiplican y las pérdidas económicas se acumulan.
Estas rutas atraviesan zonas altamente productivas, fundamentales para la economía regional y, sin embargo, la falta de interés estatal condena a los pequeños productores y ganaderos a pérdidas materiales y riesgos de vida diarios. Mientras, crece la preocupación por la evidente desconexión de las autoridades de las necesidades reales de la población.
En medio de ese panorama, las víctimas de accidentes se suman y más vehículos sufren daños.
La falta de acción efectiva evidencia que, para quienes deberían garantizar la seguridad vial y la infraestructura básica, los intereses de los laboriosos ciudadanos no representan una prioridad.
Exigir intervención urgente del MOPC y las municipalidades no es un capricho, sino una necesidad para evitar que más vidas se pierdan y que la economía regional siga siendo perjudicada. Los caminos no deben seguir siendo trampas mortales ni barreras que impidan a los productores llevar sus cosechas a los centros de comercialización.
Cada viaje por estas rutas es un riesgo, cada traslado de mercaderías un desafío y cada accidente es recordatorio del desinterés gubernamental que mata y empobrece.
Es hora de una intervención inmediata y seria. Los productores, ganaderos y conductores no deben seguir sufriendo la negligencia de quienes deberían garantizar caminos seguros. La falta de acción no solo es un delito moral, sino que es un crimen porque expone la integridad física de los ciudadanos y ocasiona pérdidas humanas.
victor.barrera@abc.com.py