El resultado es visible: 1.453 medicamentos con stock cero en el sistema público, según un documento interno del propio Ministerio de Salud. Otros 469 ítems en nivel crítico. Fármacos para hipertensión, diabetes, oncología, diálisis. Tratamientos que, si se interrumpen, tienen consecuencias graves.
El mecanismo es tan eficaz como perverso. El Estado generó deuda porque durante años gastó sin respaldo presupuestario. Ahora impone controles para no gastar sin respaldo. Pero como el presupuesto aprobado es insuficiente para cubrir la demanda real, el CDP sencillamente no aparece, y la compra no se realiza. El desorden no se corrigió: se transfirió al enfermo.
La Cámara de la Industria Química Farmacéutica (Cifarma) documentó que la deuda del Estado con el sector supera los US$ 600 millones y crece mes a mes. El Ministerio de Salud consume cerca de US$ 50 millones mensuales en medicamentos; los pagos efectivos no superan los US$ 25 millones. El MEF reconoció en octubre pasado una deuda de US$ 350 millones. Las farmacéuticas dicen que el monto real es casi el doble. Este mismo ciclo se repitió al inicio del Gobierno de Santiago Peña: se heredó deuda, se saldó con bonos, se prometió que no volvería. Volvió.
Señalar a las farmacéuticas como parte del problema es una comodidad que no resiste los hechos. Las empresas del sector llevan años entregando medicamentos a un Estado que paga, en el mejor de los meses, la mitad de lo que debe. Han cedido facturas a bancos para seguir operando. Han sostenido la cadena de suministro en condiciones que ningún proveedor privado aceptaría de un cliente común. Si hoy faltan medicamentos en los hospitales, no es por decisión de ellas.
Paraguay destina 2,7% de su PIB a salud pública. La OMS recomienda el 7%. Ese porcentaje de diferencia no es un número abstracto: es la distancia entre un sistema que funciona y uno que falla sistemáticamente a sus usuarios. El Gobierno ordenó el papel. Desordenó la salud. Y el costo, como siempre, lo termina pagando el que no tiene otra opción.
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