El primero fue condenado en primera instancia por lavado de dinero del narcotráfico y asociación criminal, el segundo denunciado por pedofilia, el tercero y último, por ahora, investigado por un título universitario de contenido falso, con el que se convirtió inclusive en presidente del órgano que juzga a jueces y fiscales en la república.
Sobre el tema la Constitución solo menciona dos motivos para la concesión de un permiso: que el parlamentario en cuestión sea propuesto como ministro, o que lo sea como diplomático.
Es en el artículo 199, titulado como “De los permisos”, el único que hace referencia expresa a esta figura que se puso de moda no por candidaturas a otros cargos, sino por el involucramiento en casos como el lavado de dinero, la pedofilia, o la estafa académica.
Hasta aquí las decisiones fueron distintas, a Erico Galeano se lo concedieron y a Javier “Chaqueñito” Vera se lo rechazaron.
Es ahora Hernán Rivas el que apela a esta estrategia para intentar acallar el repudio mayoritario de las voces que hasta ahora se pronunciaron públicamente.
Su caso es impresentable desde donde se lo analice.
Todos debemos creer que cursó la carrera de derecho entre 2010 y 2015, que recién solicitó un certificado de estudios 3 años después, y que gestionó su título recién 5 años después.
Hay incluso un formulario de marzo de 2020 en el que Rivas deja en blanco los espacios asignados a los años y unidad académica a la que supuestamente había asistido para cursar la carrera.
En un par de entrevistas periodísticas no recordó el nombre de ni un solo compañero o profesor de la carrera, pero además hizo ostentación del arte de la bilocación, o trilocación si vale el caso.
Rivas vivía en Tomás Romero Pereira, en el departamento de Itapúa, en cuya gobernación trabajó entre los años 2013 y 2018, cumpliendo un horario de 7 a 13 h.
Pero según el propio Rivas el cursó de forma presencial la carrera de derecho en la filial de Pedro Juan Caballero, aunque luego dijo Luque y aunque luego la Universidad Sudamericana declaró a través de su asesor jurídico que fue en la filial de Ciudad del Este.
Tan grande es el desaguisado que quien fungió como rector de la universidad en 2016, Euclides Acevedo, dijo que debía firmar el título de Rivas porque era el producto de una gestión académica anterior a la suya, pero que luego decidieron cerrar la carrera de Derecho debido a las múltiples irregularidades encontradas en sus 32 filiales.
La misma universidad tampoco se pone de acuerdo sobre el tema del trabajo final de grado supuestamente presentado por Rivas, en un documento consigna que se tituló “Robo agravado”, en otro “La reelección presidencial”.
Pero ese trabajo de grado jamás apareció, así como tampoco apareció algún registro de asistencia a clases o algunas actas de los exámenes de las asignaturas del plan de estudios, ya que la universidad alega que no estaban obligados a mantener los documentos en archivos por más de cinco años.
En una entrevista en la 730AM, el abogado Manuel Riera nos decía que una vía razonable sería plantear la nulidad del título en lo civil, con la intención de que esto genere un precedente que desestimule la producción de documentos no auténticos en el sistema de universidades.
“Detrás del caso Rivas hay todo un esquema mafioso de producción de títulos falsos” nos decía Riera, instando a profundizar la investigación de un delito que no puede escudarse en el muchas veces pervertido principio de la autonomía universitaria.
¿Cuántos “doctores” Rivas habrá hoy entonces en el sistema de justicia?
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