21 de julio de 2026
Actualmente estamos viviendo un proceso de degradación institucional que resulta particularmente doloroso en el ámbito de la Justicia. No se trata de un problema aislado de corrupción o de ineficiencia administrativa. Se trata de algo más estructural y preocupante: la ocupación de posiciones clave en el sistema judicial y en los órganos de conducción de la abogacía por parte de personas cuya formación profesional, trayectoria ética y compromiso con el Estado de derecho resultan, en muchos casos, francamente insuficientes.