El Gobierno no fue tomado por sorpresa. Fue tomado por la desidia de no actuar cuando todavía había margen. El proyecto de carrera sanitaria que ahora se ofrece apresuradamente existe desde 2011, quince años durmiendo en algún cajón. Es justo reconocer que en ese período la carga horaria se redujo de 24 a 12 horas, un avance real. Pero el salario se mantuvo congelado, lo que en la práctica significa que hoy se cobra lo mismo por la mitad del tiempo, sin que eso haya derivado en una mejora proporcional de las condiciones. Llegar a la mesa recién cuando los hospitales empezaban a quedarse sin especialistas no es gestión: es bombero apagando incendios que él mismo dejó crecer.
A esto se sumó la guerra mediática instalada contra los médicos en los días más álgidos del conflicto. Es válido no coincidir con todos los puntos del pliego o debatir la metodología de la protesta, pero lo que no resiste el análisis honesto es desconocer que detrás de esa huelga hay deudas históricas reales que el Estado nunca saldó. Cuando se ataca al mensajero para no hablar del mensaje, las víctimas no son los ministros ni los gremialistas: son los pacientes que esperan turno, que buscan medicamentos que no están, que dependen de un sistema sostenido gracias al sacrificio de profesionales que el Estado remunera como si su trabajo fuera prescindible.
La huelga terminó sin acuerdo. Lo que vino después fue peor. Las renuncias se multiplicaron: el gremio habla de más de cuatrocientas, con proyecciones que superan las seiscientas; al 5 de septiembre ya se registraban 270 formales en mesa de entrada del Ministerio, con denuncias de que muchas más están siendo cajoneadas. En Acosta Ñu se reportó que el 86% de los especialistas había renunciado. No es una estadística abstracta: son niños sin cirujanos, sin anestesiólogos, sin intensivistas.
La primera alusión pública del presidente llegó el 2 de septiembre, vía redes sociales, mientras la crisis ya era tapa de todos los diarios. No participó en ninguna mesa de negociación. La propuesta que sus ministros presentaron el 3 de septiembre fue rechazada esa misma noche por unanimidad en asamblea de Sinamed. Donde el Ejecutivo tardó en aparecer, el Congreso intentó cubrir el vacío. Ahora, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, anunció una mesa de crisis para trabajar en el PGN 2027 y revisar el gasto público. Es una señal positiva, pero también un síntoma: una mesa de crisis no debería ser la respuesta a una crisis perfectamente previsible.
Hay algo que conviene decir también sobre el fondo del debate, más allá de los números. Paraguay destina alrededor del 2,7% de su PIB a salud pública, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda el 7%. Esa diferencia no es un detalle técnico: es la distancia entre un sistema que funciona y uno que sobrevive de milagro, sostenido por la vocación de profesionales que podrían ganar tres veces más en el sector privado o en el exterior y que sin embargo eligen quedarse. Esa decisión merece respeto, y el respeto en las instituciones públicas se llama salario digno, condiciones de trabajo y reconocimiento formal de una carrera. No aplausos en las conferencias de prensa.
El conflicto médico no es un episodio aislado: es el mismo síntoma que aparece cada vez que el Estado paraguayo posterga lo urgente hasta que se vuelve insostenible. Ocurrió con la deuda farmacéutica, que se heredó, se prometió resolver y volvió a crecer. Ocurrió con la infraestructura hospitalaria, con los insumos, con los contratos de tercerización que cuestan fortunas y no se revisan. El sistema de salud pública no está en crisis porque los médicos se fueron a la huelga: está en crisis porque durante décadas se lo financió como si fuera opcional. Y cuando lo opcional se derrumba, los que pagan el costo no son quienes tomaron esas decisiones. Son los de siempre: los que no tienen otra opción que hacer fila en un hospital público y esperar.
La nueva huelga está convocada para el 21 y 22 de septiembre. Lo que está en juego no es solo un pliego gremial: es la viabilidad del sistema de salud pública paraguayo. Un Estado que llega tarde a negociar lo que debió resolver hace una década no puede sorprenderse cuando la paciencia de quienes sostienen el sistema se agota. Las palabras, a esta altura, ya no alcanzan.
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